San Luis Potosí, México (26 Marzo 2018).- Algunos legisladores creyeron que podrían emplear parte de los cerca de 80 millones de pesos que se dispusieron en el artículo segundo transitorio de la Ley de Egresos del Estado 2017, para realizar proyectos productivos de índole personal, reveló José Luis Ugalde Montes, titular de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado. “Varios pensaban, inclusive algunos traían ya proyectos de carácter productivo, pero productivo personal”, aludió que fue en una reunión posterior en donde aclaró que estos recursos no podrían liberarse como “un cheque al portador”. En entrevista para WFM 100.1, el funcionario consideró que quizá los legisladores locales quisieron replicar el modelo de la cámara de diputados a nivel federal, en donde del remanente de recursos federales se asignan una partida para la gestión de proyectos.  Sin embargo aclaró que, contrario a lo que sucede a nivel federal donde los recursos tienen definido un origen en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a nivel local no existían remanentes y se establecieron condiciones de ejecución de los mismos a través de un órgano estatal o de un Ayuntamiento. Aseguró que quienes gestionaron el recurso deben conocer la modalidad a través de la cual sería liberado y bajo qué condiciones de ejecución “ellos lo saben más que yo porque ellos me entregaron el escrito”, advirtió. También admitió que no es facultad de la Secretaría de Finanzas saber si los proyectos presentados están sobrevaluados “su límite llega a saber que está en presupuesto, que exista un proyecto dentro de los programas anuales y asigna el recurso con base a un proyecto. No tiene ni la capacidad ni la facultad de decir si las obras valen tanto o si están sobrevaluadas”. Añadió que en un apartado del segundo transitorio de la Ley se estableció claramente la obligatoriedad de informar trimestralmente del ejercicio de los recursos, informes que se entregaron a la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, por lo que dijo desconocer el porqué algunos legisladores dicen que desconocían esta información.

Afirmó que “no hay un solo caso en que se haya entregado dinero a diputados o a ayuntamientos sin que mediara solicitud por escrito de los diputados, no hubo un solo caso donde se liberara sin que mediara el documento de solicitud”, reiteró. Puntualizó que la labor de fiscalización de los recursos de compete a la Auditoría Superior del Estado, y ante el cuestionamiento de si la asignación de recursos fue adecuada o no el funcionario señaló “no me atrevo yo en este momento (…) a decir si el recurso está mal o bien aplicado, porque yo simplemente lo libero a través de un proyecto y a través de un requisito que conjuntamente acordamos, que era la solicitud de los legisladores, de los ayuntamientos y de la aprobación de los cabildos y un proyecto muy detallado”.  Clarificó que sí hubo casos en donde no se liberó la totalidad de los recursos porque se hizo un calendario con base en avances. Recalcó que de no haber sido “apartados” estos recursos por los legisladores, seguramente se habrían empleado en inversión productiva, pero por parte del Gobierno del Estado.