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Aprobaron por mayoría que delitos contra la administración pública cometidos por servidores públicos se persigan de oficio, según propuso José Mario de la Garza
09:21 martes 27 marzo, 2018
San LuisSan Luis Potosí, México (27 marzo 2018).- Dos años y medio fue el tiempo que diputados del Congreso del Estado de San Luis Potosí tardaron para aprobar una iniciativa del abogado José Mario de la Garza Marroquín para establecer que los delitos contra la administración pública cometidos por servidores públicos se persigan de oficio. Fue este lunes, luego de que De la Garza Marroquín promoviera un juicio para la protección de sus derechos político- electorales de ciudadano ante el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, debido a la omisión por parte del Congreso local para ejecutar el proceso legislativo de sus iniciativas el pasado 22 de septiembre de 2015. Es así que por mayoría, con 21 votos a favor y 1 en contra, se aprobó adicionar párrafo último al artículo 318 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de establecer que los ilícitos cometidos por los servidores públicos, tipificados y sancionados en el Título Décimo Sexto de la Parte Especial del Código Penal del Estado denominado Delitos por Hechos de Corrupción, se perseguirán de oficio. Los delitos que se persiguen de oficio son aquellos que afectan el orden público, que a diferencia de los perseguibles por querella, afectan un interés particular. Así, los ilícitos cometidos por los servidores públicos, al ser el bien jurídico tutelado, cosa pública, es necesario que sea investigado sin más por el Ministerio Público, y de ser procedente, decrete el ejercicio de la acción penal. Lo anterior se encuentra previsto en el Código Penal vigente para algunos delitos en los que se agrava la sanción cuando el tipo es cometido por un servidor público, como el hostigamiento, acoso sexual, discriminación, esterilización forzada, extorsión, o simulación de pruebas, entre otros. En el caso de los delitos que entrañan actos de corrupción su comisión se dirige en contra de la administración pública y son aquellos cometidos por servidores públicos, de tal forma que ya está previsto que sean cometidos exclusivamente por éstos, de ahí que resulte inviable incrementar las penas.