El 75% de los usuarios del transporte público son trabajadores, los cuales no son representados en el Consejo Estatal del Transporte el cual extrañamente solo se reúne unos días antes de autorizar el aumento a la tarifa comentó Guadalupe González Covarrubias, vocero de la organización Ciudadanos Observando. Señaló que incluso la Federación Universitaria Potosina (FUP) ha sido un “hazmerreír” de la defensa de quienes utilizan el transporte. “Ahí no está representado realmente esa gente que utiliza el transporte, vemos que la Federación Universitaria Potosina se ha convertido en una hazme reír de la defensa que antes tenía la federación, de todo ese grupo de ciudadanos que destinan gran parte de lo que ganan para el transporte, están ausentes, ahora da risa la Federación”. Indicó que es importante que se democratice el Consejo Estatal del Transporte para vigilar a las unidades así como al taxismo durante todo el año, y que no sirva de pretexto para autorizar la tarifa. Con el aumento de la tarifa consideró que los usuarios pueden verse afectados en caso de que los permisionarios argumenten no contar con cambio y quedarse los 20 centavos, por lo que la ciudadanía tendría que recurrir a dar más uso de las tarjetas de prepago para no verse afectados por esta situación esto a pesar de la falta de unificación en las empresas. “Si el ciudadano ya con el lamentable aumento a la tarifa no recurre a hacer una recarga, en su tarjeta, realmente la tarifa va a subir a 10, y esos 20 centavos multiplicados por día, por todo el año, es una ‘lanota’ que se meten los permisionarios, entonces ahí hay que recurrir a que la ciudadanía haga sus recargas, porque siempre van a argumentar que no tienen cambio” El operador que no regrese el cambio al usuario infringe la ley y es sujeto a sanciones, sin embargo, señaló que la gran mayoría de los afectados no denuncia. Sobre la detención del líder de permisionarios Margarito Terán indicó que se ha opuesto a la modernización del transporte y que ha sido una persona que tiene inclusive también denuncias en San Luis Potosí, donde a diferencia de lo que pasó en Jalisco, aquí ha sido intocable. “Es una persona que ha chantajeado históricamente al gobierno, porque el gobierno se lo permite, es una persona que se estuvo oponiendo a que se modernizara (el transporte) y que hubiera un mayor acceso para poder adquirir y decidir que tarjeta usar, es una persona que ha dañado bastante el transporte público”.