El primer ministro de Perú, Ernesto Álvarez, afirmó que el avance de la criminalidad en el país se refleja en que actualmente cuatro de cada diez peruanos fueron víctimas de extorsión. Los delitos cometidos en contra de la población, dijo, sostienen la necesidad de decretar el estado de emergencia en Lima y la vecina provincia portuaria del Callao por un plazo de 30 días. El presidente del Consejo de Ministros dijo, en entrevista con el Canal N, que el estado de emergencia es, en la práctica, “un intento por aminorar la presión que tiene el ciudadano común respecto a la extorsión”. El jefe del gabinete de transición formado por el presidente interino, José Jerí, recordó que cuando la criminalidad organizada aumentó, hace unos años, en la norteña ciudad de Trujillo, “nadie le daba importancia”. Ahora se encuentra en Lima en todos “los estratos sociales”.

Álvarez indicó que la meta del Gobierno es combatir el crimen organizado para evitar restringir libertades y derechos constitucionales, como sucede ahora con la declaratoria de emergencia al suspender la inviolabilidad del domicilio y de reunión, además de limitar la libertad de tránsito, entre otras. Un fallecido en las protestas

Respecto a la consulta sobre las últimas protestas en Lima contra la criminalidad y el Gobierno, antes de la declaración de emergencia, el primer ministro dijo que la diferencia radica entre los manifestantes que convocaron la protesta y los “subversivos” que actuaron por la noche para atacar a la Policía Nacional y generar conmoción social. “Estamos hablando de gente entrenada, que a veces superan en número a la Policía”, indicó Álvarez.

Sobre la implicación de un suboficial de la policía que disparó y mató a un manifestante, conocido como “Trvco”, el primer ministro comentó que es “un policía que, en el ejercicio de su defensa, hizo uso inadecuado de su arma”. La polémica por disparo y la responsabilidad policial Añadió que, los peritajes por el presunto homicidio, determinarán la validez, o no, de que el proyectil tenía la destrucción típica cuando se realiza un rebote previo. Esa circunstancia “disminuiría notablemente su responsabilidad”, dijo el jefe del gabinete. La defensa del suboficial Luis Magallanes asegura que su cliente no disparó directamente al cuerpo del manifestante Eduardo Cruz, sino que disparó al suelo y que la bala rebotó en la víctima.

La Fiscalía solicitó el impedimento de salida del país de Magallanes y que se le dicte un mandato de comparecencia con restricciones, ante el término de su detención preventiva. Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H Con información de Latinus.