CIUDAD DE MÉXICO.- Existe un censo de servicios crematorios privados, en la región de desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, para realizar tareas tendientes a su localización, de acuerdo con el Informe del Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA). El documento de 138 páginas fue entregado este lunes a autoridades mexicanas, por parte de Esmeralda Arosemena, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Durante el 2018, el MESA solicitó información de las indagatorias realizadas sobre lugares compatibles con restos cremados. "De acuerdo con la información contenida en el expediente, se observa que este año se finalizó un levantamiento sobre los hornos crematorios en la región de interés, sobre los cuales, el Estado indicó a la CIDH que están bajo investigación”, se explica en el inciso D del informe: ‘Examen de otros lugares compatibles con restos quemados’.

Al respecto, el organismo internacional recomienda al Estado Mexicano profundizar en esta línea de investigación, particularmente para detectar el posible vínculo de propietarios de crematorios con grupos del crimen organizado. La Comisión toma nota de los avances presentados y recomienda continuar la investigación relacionada con estos lugares, patrones de cremación y la posible relación con autoridades y/o grupos delincuenciales”, se indica en el informe. SE NIEGAN A COLABORAR El reporte de las pesquisas realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), destaca también que, buscando otorgar algún beneficio penal a los detenidos por las investigaciones de la desaparición de los 43 normalistas, se solicitó su colaboración, sin éxito. El Estado informó que de siete visitas realizadas a diversos inculpados en compañía de la coadyuvancia con el objetivo de hacerles el ofrecimiento de beneficios a cambio de su cooperación, y en todas ellas se obtuvieron resultados negativos. En sus observaciones al proyecto del presente informe, los representantes manifestaron que han solicitado en reiteradas ocasiones al Estado que presente un paquete de incentivos o beneficios por colaboración eficaz, que aún no se ha concretado”, resalta el documento. El informe cuenta con ocho capítulos en donde se presentan las conclusiones de los trabajos realizados por los integrantes del GIEI, aprobado por la CIDH el pasado 25 de noviembre de 2018. -- EXCÉLSIOR