San Luis Potosí.— En el Congreso local se conformó una red de corrupción en la que se usaron empresas fantasma para facturar más de 25 millones de pesos como supuestas ayudas sociales —como materiales de construcción uniformes y despensas—, y en la cual estarían involucrados 25 de los 27 diputados, acusó Ciudadanos Observando.

El presidente de la organización, Guadalupe González Covarrubias, informó en rueda de prensa que realizaron una investigación —con base en documentos obtenidos vía solicitudes de transparencia— al Congreso y al gobierno del estado y se pudo comprobar que siete compañías inexistentes recibieron poco más de 25 millones de pesos del erario para facturarlos como presuntas ayudas a ciudadanos y a la vez los legisladores pudieran cobrar ese servicio. Explicó que la organización acudió a las direcciones registradas en las facturas para confirmar la existencia de las empresas y lo que encontró fueron casas abandonadas, viviendas que no corresponden a oficinas, incluso una escuela de manejo y una lavandería.

Entre las empresas a las que se les entregaron recursos están Comercializadora Delguer, que recibió 5 millones 168 mil 066 pesos; A&M Proveedora de Insumos para la Construcción, que facturó 4 millones 558 mil 548 pesos, y Comercializadora Avidro S.A. de C.V., que obtuvo 5 millones 131 mil 784 pesos, entre otras. “Todas las empresas que investigamos tienen en común que en los domicilios fiscales no existen realmente como tales, ni que vendan despensas, uniformes ni material de construcción”, explicó el líder de Ciudadanos Observando.

De acuerdo con la organización, las empresas fantasma son ofrecidas mediante un catálogo por agencias de las llamadas outsourcing, y varias de ellas están ligadas a diputados o funcionarios del Congreso. Entre los diputados señalados por la organización están los priístas José Luis Romero Calzada, Martha Orta Rodríguez y la panista Josefina Salazar Báez, quienes son los que más facturaron en las presuntas empresas. González Covarrubias destacó que los legisladores Óscar Vera Fábregat, del partido Conciencia Popular, y Lucila Nava Piña, de Movimiento Ciudadano, son los únicos que no registraron este tipo de facturas. Llaman a indagar a SAT y PGR. La organización Ciudadanos Observando reveló a EL UNIVERSAL que hasta el momento suman 12 denuncias que se han interpuesto ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (en transición a Fiscalía General del Estado) contra varios diputados de la actual Legislatura involucrados en la red de corrupción. “Estas mismas irregularidades ya fueron registradas ante la procuraduría del estado y además de que ya se pidió la intervención del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y que el caso sea atraído por la Procuraduría General de la República (PGR)”, sostuvo González Covarrubias. El dirigente de la organización señaló que este escándalo evidencia que se conformó toda una red en la que los diputados no actuaron solos, pues existe una responsabilidad compartida entre los legisladores de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la Oficialía Mayor del estado, hasta hace unas semanas a cargo de Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez. “Muchos diputados tramitaron estos apoyos, pero quienes autorizaron los mismos fue la Jucopo, todos tienen su nivel de responsabilidad”, detalló González Covarrubias.