Vaya tema para esta semana, las pensiones han sido, son y serán tema de debate obligado. Ante la inminente e irremediable crisis de pensiones que se avecina en el país, la propuesta presentada por el gobierno de AMLO supone ventajas, pero también preocupaciones que atender.

La iniciativa de reforma al actual esquema pensional cuenta con el preacuerdo del sector empresarial y obrero, el Gobierno está dispuesto a participar de mayor manera y surgen diferentes vertientes en las que lo bueno y lo malo deben ser puntos de partida para una mayor garantía.

El tema debe ser analizado desde la estadística y con un estudio de escenarios que permitan no caer en lo que actualmente estamos atascados: un envejecimiento cada vez mayor de la población en el país, así como la caída en el financiamiento del esquema de pensiones. En la iniciativa de reforma, se busca un descuento de semanas cotizadas para la jubilación, de una cotización obligatoria de 1,250 semanas o 25 años, la propuesta presenta una rebaja a 750 semanas o el equivalente a 15 años, haciendo esto viable con un aumento paulatino a la cuota patronal de casi el 10 por ciento, del 5.5 por ciento a un 13.8 por ciento. Poderlo ejecutar de esta manera permite un aumento de la pensión de los trabajadores, aunque también es verdad que para poder percibir en el retiro un monto cercano a la nómina mensual se debería aumentar el valor de esta prestación hasta en un 40 por ciento. La iniciativa busca acercarse a la tasa de reemplazo planteada originalmente por la reforma de 1997, la cual rondaba un 70 por ciento del salario. La tasa de reemplazo o de sustitución, es el indicador que muestra el grado en que un sistema de pensiones puede cumplir el objetivo de otorgar una pensión digna. Midiendo el actual porcentaje de pensión en comparación con el sueldo real que en la actualidad se percibe, los trabajadores mexicanos son los que reciben una de las peores tasas de reemplazo del mundo al momento de jubilarse.

Siendo muy críticos, tambien debemos valorar aspectos complejos a esta iniciativa. Hay que considerar que, si bien es cierto la reducción de semanas necesarias de cotización ampliará el acceso de esta prestación a muchos más trabajadores, también implica obtener una pensión muy baja y desincentivar el ahorro voluntario. Con un aumento en las cuotas patronales se podría compensar el menor tiempo de cotización, es entendible que una mayor cantidad del recaudo sería destinado a incrementar el ahorro para el retiro en menor tiempo.

Vistos estos apartados, la reforma es imposible sin encarecer el trabajo, de manera paulatina significa un mayor peso económico para el mercado laboral, un aumento de cuotas y una pérdida de balance que debe ajustarse con iniciativas alternas a esta reforma. Hay un riesgo de afectación en la formalidad, caer en mejor competencia salarial con esquemas de outsourcing o hasta de informalidad supondría un retroceso en la campaña de regulrización laboral y alineamiento al sistema hacendario.

México es un país con una escasa cultura en el ahorro y finanza personal, es sabido que muchos viven el hoy y ahora como momento único, el sentido de lo inmediato se sobrepone al de la prevención haciendo muy complicada la aceptación en la reducción salarial.

Cualquier reforma al sistema de pensiones que no ataque la falta de planeación financiera en México someterá a las finanzas públicas a una presión insostenible a largo plazo. En el corto plazo, con los trabajadores que están más cercanos a jubilarse, esta reforma puede tener un efecto inmediato en la estructura de retiro, obligando al Gobieno a una nivelación para emparejar la generación de egreso con las generaciones subsiguientes. Esta carga fiscal sería particularmente sensible en los tiempos de crisis sanitaria y económica que vivimos en la actualidad, como propuesta es excelente y un acierto por fin para este Gobierno… ¿ Podrá lograrlo?

Javier Rueda

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