La semana pasada se presentó el Programa Nacional de Vivienda 2019-2024, con el fin de definir los objetivos y estrategias que permitan garantizar el derecho de los mexicanos a acceder a una vivienda adecuada.  Como parte del discurso oficial, este Programa también plantea una serie de reformas a los marcos institucionales, normativos y financieros; pero ¿también será tan cuestionado técnicamente como los otros cambios? Se reconoce el carácter técnico del documento, a diferencia de las carencias mostradas en el Plan Nacional de Desarrollo emitido por el Presidente de la República (diferente a otro publicado en el Diario Oficial de la Federación hecho por la Secretaría de Hacienda para esta misma Administración).

El programa parte de tres principios. No dejar a nadie sin este derecho, con especial atención a las personas con mayor vulnerabilidad social; Honradez y honestidad en los procesos de adquisición de vivienda; y, Reforzar el carácter rector del Estado, al reconocer la necesidad de desarrollar vivienda entre el sector público y privado. Si bien el primero parece recuperar la inclusión, y el tercero hace énfasis en la corresponsabilidad, el segundo es general de los procesos de asignación de recurso público; es decir, no es particular de las condiciones de vivienda. 

 Existen cinco objetivos, cuatro de ellos asociados a los principios señalados, es decir uno de inclusión, dos de coordinación y uno de transparencia, además considera uno referente a establecer un modelo de ordenamiento territorial y gestión de suelo que considere la vivienda como elemento central de planeación de territorio. Sobre este último el Programa señala que ha existido una desvinculación entre la política habitacional y la política de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano que ha generado otros problemas como los que conocemos de movilidad, marginación y rezago.

Posterior a la descripción a detalle de los objetivos, estrategias y metas, el Programa hace referencia a la visión de la vivienda para el 2024, destaca el carácter social y la atención a personas de escasos recursos; es decir, este Programa fomentará la vivienda popular y que el Estado recupere la rectoría en la gestión del suelo. A manera de balance general, se trata de un documento técnico como el de otras administraciones federales, con propios énfasis de atención, fundamento técnico y aspiraciones por transformar una realidad que nos aqueja. Como otros Programas de anteriores administraciones, el punto que parece determinante está ausente… el financiamiento necesario para dar viabilidad a la serie de objetivos que persigue. Lo interesante es ahora la implementación, la serie de instrumentos como subsidios, apoyos y esquemas de acceso a la vivienda social y la forma como son aprovechados por las personas, eliminando cualquier carácter discrecional y de bajo aprovechamiento de los recursos públicos.