Editorial EL UNIVERSAL / ¿En qué se parece? Los ministros renunciantes

El pasado jueves 3 de octubre nos “tropezamos” con la noticia de la inesperada renuncia a su cargo de Manuel Medina Mora. La jauría se desató. Las especulaciones llenaron las columnas periodísticas. La desinformación, signo de este gobierno mañanero, nutrió el morbo. Esto puso a debate el artículo 98 de la Constitución, que establece: “Las renuncias de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves, serán sometidas al Ejecutivo y, si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado.” Hay que destacar que la obligación constitucional es la publicidad. La democracia es sinónimo de debate crítico racional, abierto al escrutinio de la ciudadanía. De tal forma, que el nombramiento de ministro y, en su caso, la renuncia o remoción al cargo por cualquier circunstancia debe explicarse y justificarse de frente a la Nación. Este mandato constitucional no es nuevo. El artículo 95 previo a la reforma del Poder Judicial de 1994 consignaba: “El cargo de individuo de la Suprema Corte de Justicia solo es renunciable por causa grave, calificada por el congreso, ante quien se presentará la renuncia”.  La diferencia con el texto vigente, es que en el proceso derogado en la renuncia no intervenía el Presidente de la República. La dimisión era aceptada por el Congreso de la Unión. El debate derivó del hecho que en la renuncia no se expresa ningún razonamiento de la decisión del exministro Medina Mora, lo que impide conocer las causas que lo orillaron a separarse anticipadamente del cargo. La incertidumbre daña la credibilidad de los involucrados y erosiona la legitimidad de los Poderes que deben promover por disposición constitucional la transparencia. Que se conozcan las causas graves de la renuncia debe ser un elemento importante para fortalecer la apertura de la Justicia constitucional a la revisión permanente de los ciudadanos. Por otra parte, debe ser una de las prácticas propias de un Congreso que promueve la estrategia de Parlamento Abierto como forma de relacionarse con la ciudadanía.  Si bien las normas constitucionales, la vigente y la derogada, son diferentes en términos procesales, en el contenido son iguales. Estamos ante una exigencia clara de rendición de cuentas. ¿En que se parece lo que ésta sucediendo a lo que pasaba antes en el salinismo? Se parece en qué en 1989, el entonces ministro numerario Leopoldino Ortiz Santos presentó su renuncia al cargo para convertirse en gobernador interino de San Luis Potosí y, en 1994, también Trinidad Lanz Cárdenas renunció para competir como candidato a Senador por el Estado de Campeche. El parecido deriva de que hoy como ayer, simples razones políticas y de conveniencia personal son las que determinaban y vuelven a determinar la integración de la SCJN. El “jurista” López Dóriga opinó que si el Presidente ya validó la renuncia sin dar razón alguna, entonces se debe entender que éste ya conoció sus causas graves y, por lo tanto, el Senado estuvo en lo correcto cuando aceptó la dimisión sin mayor trámite, ni exigencia alguna de justificación al renunciante.  El Presidente de la SCJN actual jugó el papel del florero, quien supuestamente no sabía nada, no opina por ser una cuestión personal y no le parece que lo que está pasando sea una intromisión del Poder Ejecutivo en la independencia del Alto Tribunal, a pesar que resguardarla es una de sus responsabilidades principales. La explicación del Presidente se reduce a una insinuación en la mañanera del 4 de octubre, desde la Ciudad de Puebla, quien consideró que “el ministro quiere atender denuncias presentadas, no sé, una o dos, cuantas denuncias que se han interpuesto y que están en manos de la Fiscalía General de la República”.  Algunos ministros, antes de la reforma judicial de 1994, asumían y dejaban el cargo por razones políticas y el puesto era un paso más de su carrera política dirigida por el Ejecutivo, lo que ponía en duda su independencia. Esto no había sucedido hasta hoy con Medina Mora. La única forma de evitar las especulaciones que dañan a los poderes es la rendición de cuentas. Por eso es necesario que se conozcan las causas que el ministro renunciante consideró graves. La carta del dimitente y la insinuación del Presidente son insuficientes. La interpretación jurídica de López Dóriga no tiene sustento alguno. Si hubiera alqún comportamiento indebido del exministro, que se conozca públicamente en un proceso abierto, si las razones de la renuncia son otras, que se expongan para evitar rumores. Los servidores públicos deben rendir cuentas, cuando la constitución exige que haya causas graves para que proceda una renuncia, estas no son asunto meramente personal, aunque lo diga el Presidente de la Corte.

OPINIÓN /Justicia para sobrevivientes de violencia sexual infantil

Se estima que en México alrededor de 5 millones de niñas, niños y adolescentes son víctimas de violencia sexual, pero solo uno de cada 10 delitos se denuncia, lo que hace urgente romper el silencio y romper con la impunidad que arropa a los agresores. Es un delito silencioso, cometido, en un 90 por ciento de los casos, por un familiar directo o conocido de la víctima y que puede ocurrir durante años, incluso a pesar de ser denunciado.  De acuerdo con la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas A.C. (Adivac), la gran mayoría de los sobrevivientes de la violencia sexual infantil no denuncian y aquellos que lo hacen tardan hasta cinco, 20 o 30 años en hablarlo, en tanto que los códigos penales establecen lapsos que van de los tres a cinco años para su prescripción.  Es el contexto en el que se sitúa la urgencia de acelerar el proceso legislativo de la iniciativa que se ha presentado en el Senado de la República sobre la modificación del Código Penal Federal para que los delitos sexuales cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes no prescriban.  Es tiempo de incentivar a las víctimas a romper el silencio y denunciar la violencia sexual infantil tolerada socialmente. Silencio que se ha convertido en el paraíso de los victimarios y el temor de las víctimas. Se suma a la impunidad el hecho de que se carece de cifras reales del fenómeno y que en cada entidad el delito es tipificado de manera diversa. Es por ello que se vuelve complejo el acceso a la información y el conocimiento de la incidencia de esta pandemia mundial. Desafortunadamente, donde se da más la violencia sexual infantil es en la primera infancia, en niñas y niños de meses de nacidos que incluso todavía no hablan, lo que permite que pasen los años y el delito prescriba, incluso antes de que la víctima identifique la agresión de que fue objeto.  La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), del Inegi, revela que al menos 4.4 millones de mexicanas de 15 años o más sufrieron de un abuso sexual durante su infancia y los principales agresores fueron miembros de su familia. La encuesta realizada en 2016 arrojó que los principales agresores son los tíos, con 20.1 por ciento, y los primos con 16 por ciento de casos; le siguen los hermanos, con 8.5 por ciento; padrastro o madrastra con 6.4 y 6.3 por ciento; padre, el 5.8 por ciento; abuelo, 3.7 por ciento, y madre con el 0.5 por ciento. A esto se debe se debe que sea la propia familia la que no denuncia para encubrir al agresor que resulta ser otro miembro de la familia o del entorno familiar.  Resulta difícil para la víctima identificar y aceptar que la persona que debe cuidarla es la misma que la abusa y la condena de por vida, porque una sola vez basta para matar su inocencia y sus sueños. Las estadísticas develan la dolorosa situación en que nos encontramos y mucho es porque los mecanismos de acceso a la justicia y de respeto de la dignidad de las niñas, niños y adolescentes son poco eficientes.  Es un delito estructural, multifactorial, que debe ser atacado desde los ámbitos cultural y normativo, pero también desde lo fáctico y la efectividad de las investigaciones. Es deber de las autoridades de procuración y administración de justicia, del poder legislativo y de la sociedad civil en su conjunto, generar estrategias y armonizar la legislación para coadyuvar en este complejo problema social.  Para frenar esta pandemia y que se desarrolle una infancia sin violencia se requiere de un cambio cultural, económico y social. Se trata de un problema de gran complejidad, pero que no es imposible de prevenir y combatir. Es el momento de hacerlo de manera diferente, desde la perspectiva de que las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos.  Maestra en políticas públicas.

@Ale_BarralesM

Frentes Políticos

1. A favor del bolsillo. Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo, reconoció que “ya no se puede sostener un país de salarios precarios”, por lo que seguirá impulsando la mejora salarial. Señaló que la dependencia que encabeza ha trabajado en ello como un tema prioritario y refirió que lograron un incremento histórico del 16% en el país y 100% en la frontera, en lo que va de la administración. Mencionó que para mejorar la calidad de vida de los trabajadores es necesario terminar con los esquemas de simulación, como el subregistro en el Seguro Social, que impacta de manera directa al sistema pensionario, la posibilidad de acceso a la vivienda y al sistema de salud. No se olvide de los líderes sindicales a modo, secretaria. Orden ahí. No vaya a haber líderes charros que por verla joven se la quieran “chamaquear”.

2. Desde cero. Nada mejor que comenzar un ciclo con números negros. Pero ese escenario es desde hace mucho tiempo, sólo una ilusión en la política mexicana. Generalmente, los funcionarios que se van dejan una cauda de deudas de difícil solución. Es por ello que Francisco Domínguez Servién, presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, informó que varios mandatarios gestionan el perdón de una deuda de 88 mil 747 millones de pesos, ante dependencias del gobierno federal. El también gobernador de Querétaro explicó que son adeudos a dependencias como el SAT, CFE, Fovissste, IMSS, ISSSTE y Cesantía y Vejez. Todo parte de la herencia de administraciones fallidas. Los mandatarios merecen comenzar desde cero.

3. El juego que lastima. Esteban Moctezuma, titular de la SEP, dio un paso importante en el combate al acoso escolar, conocido como bullying. Para recabar datos sobre éste en las secundarias de la Ciudad de México firmó un acuerdo con la red social Facebook para llevar a cabo el programa de realidad virtual Misión Paz Escolar. Como muestra tangible del interés que se le ha puesto al acoso, basta decir que se trata del primer programa a nivel mundial de la empresa de Mark Zuckerberg en el que se emplean realidad virtual y tecnología web para ayudar a jóvenes a desarrollar habilidades que les permitan enfrentar situaciones de acoso escolar, tanto en el mundo real como en el virtual. En la primera etapa se espera llegar a 330 mil estudiantes de 800 secundarias de la capital del país. Dicen que no hay mal que dure cien años. Erradiquemos juntos el bullying a todo nivel.

4. Operación limpieza. Después de la misteriosa renuncia del ministro Eduardo Medina Mora a la SCJN, ayer, el ministro presidente Arturo Zaldívar anunció la suspensión de un magistrado federal de la Ciudad de México por presunta corrupción e incremento irregular de sus finanzas. “Es la primera vez que tomamos medidas y las seguiremos tomando, en esta administración no ha habido, no hay y no habrá intocables. No se permitirá la corrupción y ni práctica alguna que sea indebida e indigna para el pueblo de México”, señaló. Aseguró que al interior del Poder Judicial no habrá intocables y, sin llevar a cabo una cacería de brujas, buscará erradicar actos indebidos entre jueces y magistrados. ¿A aquellos quienes pensaban que limpieza era broma? Lo sentimos: no.

5. Alto a suspicacias. Ante los rumores por un supuesto manejo gubernamental en la renuncia del exministro Eduardo Medina Mora, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, aclaró una publicación que asegura que la UIF bloqueó y desbloqueó cuentas del exministro en las horas clave en que renunció a la SCJN. “Es importante precisar que el bloqueo de las cuentas bancarias del exministro se realizó después de su renuncia, por lo que lógicamente no pudo ser un mecanismo para que dimitiera”, explicó Nieto y detalló que en todos los casos, la UIF solicita el “congelamiento” y “descongelamiento” de cuentas, por procedimiento. “Se descongela cuando hay derechos de trabajadores, accionistas o proveedores. Lo hemos hecho en infinidad de asuntos”. Nada que ocultar.

Bitácora del director/ Cuidar la credibilidad

El martes planteé en este espacio que si la renuncia de Eduardo Medina Mora a su asiento en la Suprema Corte no fue producto de presiones ni de venganzas lanzadas desde el gobierno federal –como ha asegurado el presidente Andrés Manuel López Obrador–, entonces las presuntas investigaciones contra el aún ministro tendrán que dar resultados. Si no los hubiese, agregué, querría decir una de dos cosas: 1) o dichas investigaciones no tenían sustento y sólo se fintó con las consecuencias o 2) sí la tenían y se desactivaron cuando Medina Mora se hizo a un lado para evitar un daño mayor. Hoy tenemos motivos para pensar que a Medina Mora no se le va a investigar, aunque todavía no sabemos cuál de las dos explicaciones es la real. El exministro de la Suprema Corte –primero en renunciar a su cargo en los tiempos modernos– tiene mala imagen pública, pero aún no ha sido acusado de algo concreto, mucho menos juzgado y sentenciado, por lo que tiene la presunción de inocencia a su favor.

Cualquiera de los dos escenarios que puse sobre la mesa es terrible: o 1) se le señaló sin pruebas, o 2) se tenían evidencias en su contra y no se usaron o, al menos, no se han usado por ahora. El columnista Mario Maldonado dice tener en sus manos documentos que “confirman que funcionarios del gobierno, en específico de la Unidad de Inteligencia Financiera, presionaron al ahora exministro para lograr su renuncia al máximo órgano de justicia del país”. De acuerdo con Maldonado, unas horas antes de que Medina Mora entregara la escueta carta con su renuncia, la UIF ordenó el congelamiento de sus cuentas bancarias, lo mismo que las de dos de sus hermanos y un empresario aparentemente ligado a la familia, así como diversas empresas. Y que dos días después, la orden fue suspendida en el caso de Medina Mora y sus hermanos, pero no en el del susodicho hombre de negocios. La información obliga al gobierno a aclarar varias cosas de forma clara y completa. Entre ellas: 1) si los documentos que tiene Maldonado son auténticos; 2) que, de ser reales, por qué se bloquearon y luego se desbloquearon las cuentas mencionadas, y 3) si sigue adelante algún tipo de investigación que involucre al hoy exministro.

Dejar las cosas sin transparentar abre la puerta a una especulación preocupante: que el gobierno federal haya hecho un uso político de la justicia. Y son dos las posibilidades: 1) para chantajear a un ciudadano inocente o 2) para dejar sin investigar presuntos delitos a cambio de liberar un asiento en la Suprema Corte, mismo que el Presidente de la República y la bancada oficialista en el Senado se encargarán de llenar en los siguientes días con alguien que sea de su agrado, algo que, evidentemente, no era Medina Mora. Dejar sin respuesta esa interpretación de los hechos –en cualquiera de sus vertientes– colocaría al gobierno en la incómoda posición de ser percibido como incongruente, pues entre los postulados de toda la vida del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador han estado el rechazo a la persecución política y al uso de la justicia con ese avieso fin, así como la condena a la impunidad y a los traficantes de influencias.

Si queda firme la percepción de que 1) se persiguió a Medina Mora sin pruebas de su culpabilidad o 2) se le dio impunidad a cambio de liberar su asiento en la Suprema Corte, la imagen del gobierno sufriría un duro revés. De un asunto tan serio como éste, que involucra el equilibro de Poderes, no se puede salir con retórica –del tipo “nos atacan nuestros adversarios, los conservadores, porque afectamos sus intereses”–, sino sólo con datos sólidos e incontrovertibles.

En tiempos aciagos, de incertidumbre económica, la credibilidad es uno de los principales activos de un gobierno.