Editorial EL UNIVERSAL / Trump y la latinoamericanización de Estados Unidos Uno de los factores de mayor importancia y de los que menos se han comentado durante la presidencia de Donald Trump es, sin duda, que su advenimiento a la escena política se lleva a cabo en el contexto del proceso de “latinoamericanización” de Estados Unidos, el cual ha tenido repercusiones profundas. Desde el inicio del nuevo milenio hasta el presente ha habido un impresionante crecimiento demográfico de la población latina, que en la actualidad rebasa los 50 millones de personas, y que la ha llevado a constituirse en la minoría étnica más numerosa de la Unión Americana (y ya radicada a lo largo de todo el país). Por cierto que su crecimiento demográfico está asegurado independientemente de los flujos migratorios, puesto que se trata de una población joven con una tasa de natalidad más alta que la de los blancos y los afroamericanos. De hecho, de acuerdo a especialistas, la población latina se duplica cada 40 años y para 2050, una de cada cuatro personas en EU será de origen latino. Además de su impresionante crecimiento demográfico dentro de la Unión Americana, los latinos (60% de origen mexicano) tienen una presencia importante en todos los sectores de la economía, la sociedad y la política: existe una academia sobresaliente, empresarios de suma influencia, y alrededor de cinco mil políticos de origen latino, ubicados en todos los niveles de gobierno (en la actual contienda electoral para la presidencia hay un candidato demócrata de origen mexicano: Julián Castro). Además, por la presencia de los latinos, EU se ha convertido en el segundo país de habla hispana del mundo. El proceso de “latinoamericanización” ha propiciado reacciones agresivas y xenófobas en distintas clases sociales de la sociedad de EU, identificadas con un ideal de país: blanco, protestante y anglosajón, donde los inmigrantes son una amenaza; así es que Trump resultó el abanderado perfecto para ellos, pues una de las más constantes consignas de los seguidores de su campaña fue Make America White Again (¡Que América vuelva a ser blanca!); además la idea del muro fronterizo para detener la emigración latinoamericana se convirtió en un símbolo de su agenda. Lo que vemos entonces es la confrontación en Estados Unidos de dos perspectivas opuestas para el futuro de ese país. Una es la de Donald Trump y sus seguidores (supremacía del hombre blanco, país monolingüe, educación y cultura homogéneas). La otra visión aboga por un país multiétnico y multilingüe donde los inmigrantes tienen su rol en el mercado laboral. El resultado de dicha confrontación será crucial para definir el perfil de EU en el futuro. Desafortunadamente estos importantes debates no siempre son entendidos plenamente en México y América Latina. Ante las múltiples acciones documentadas, caracterizadas por el odio y la xenofobia hacia lo mexicano/latino, pocos parecen preguntarse a fondo qué está detrás del discurso y las políticas hostiles hacia los inmigrantes: detener la latinoamericanización de EU Si en las elecciones del 2020, el Partido Demócrata logra retomar el Senado y se derrumban las aspiraciones de reelección de Trump, su visión de Estados Unidos sufriría un profundo descalabro. Sin embargo, en cualquier escenario, como señala el periodista de Univisión, Jorge Ramos: “Estados Unidos se está convirtiendo en una nación latina y multitud de decisiones importantes que se hagan en ese país tendrán que pasar por el filtro latino; hacia allá van los números y todo el país” y en las certeras palabras de César Chávez y Dolores Huerta, iconos de las luchas chicanas: “¡Sí se puede! y ¡Viva la Raza!” OPINIÓN / Baja California, ¿laboratorio de la reelección? Al muy mal evaluado gobernador panista de Baja California, Francisco “Kiko” Vega le aterra el resultado de las auditorías que por ley le harán al término de su mandato el primero de noviembre próximo. Acaso eso explique la urgencia con que operó para que el Congreso local nombrara el lunes pasado como auditor superior del estado a un incondicional que le cubra las espaldas: el contador público Carlos Montejo Oceguera. Pero el costo fue alto y ominoso: comprometió el voto de la mayoría panista en la legislatura local para que, ese mismo lunes, aprobara ampliar de dos a cinco años el período del gobernador electo, el morenista Jaime Bonilla. En 2014, la anterior legislatura bajacaliforniana aprobó que quien ganara las elecciones del dos de julio del año pasado, ejercería un mandato de dos años, con el objetivo de hacer concurrentes los comicios locales con los federales en 2021. Bonilla, sabedor de la cómoda ventaja que mantuvo durante toda la campaña, maniobró para que el Tribunal Electoral bajacaliforniano cambiara la disposición. El PAN impugnó y finalmente logró que la autoridad local le diera la razón: período de dos años. Los bajacalifornianos, por lo tanto, votaron por un gobernador de dos años. Alargar el período a cinco, como lo aprobó el lunes pasado el congreso local, va contra su voluntad, es inmoral y violenta el estado de derecho, más aún cuando era de esperarse que la oposición local, en este caso del PAN, se sumara al rechazo a esa reforma expresado por su dirigencia nacional, lo que no hizo porque fue comprada (no hay otra explicación) para cubrir al gobernador saliente “Kiko” Vega de las auditorías que podrían destapar sus presuntos latrocinios. El electo Jaime Bonilla no se ha pronunciado hasta ahora sobre la decisión del Congreso local de alargar su período, pero sería pecar de inocencia no suponer que está detrás de la maniobra con el aval de la actual dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky y, seguramente, con el de su amigo y aliado Andrés Manuel López Obrador. Por eso es pertinente la declaración del tres veces excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas en el sentido de que Bonilla debe rechazar esa reforma si es que tiene moral y, por supuesto, si es que no está detrás de la maniobra. Y es que aceptarla sería un severo golpe al orden democrático y republicano, “un terrible antecedente —dijo Cárdenas— de que se pueden ampliar los mandatos así nada más”, mediante negociaciones en lo oscurito y el respaldo de mayorías legislativas. O, dicho de otra forma: lo que ocurre en Baja California es una especie de laboratorio de la reelección presidencial. No sería esta la primera vez que un presidente semblantea esa posibilidad derivada de las tentaciones del poder. Lo hizo Carlos Salinas de Gortari en 1992: Gonzalo Martínez Corbalá fue designado gobernador interino de SLP para resolver la crisis electoral que enfrentó al priista Fausto Zapata y al emblemático opositor Salvador Nava, y para convocar a nuevas elecciones. Hecha la convocatoria anunció que se postularía como candidato del PRI, lo que en términos prácticos representaba, de ganar los comicios, una reelección. Fue tal el rechazo que esto provocó a nivel local y nacional que acabó por retirar su candidatura. Salinas desistió de la idea. AMLO ha reiterado en ya innumerables ocasiones que no pretende reelegirse, pero cuando fue jefe de gobierno de la CDMX y era un secreto a voces que buscaría la candidatura presidencial, dijo incontables veces que a él lo dieran por muerto. Y se postuló. Instantáneas: 1. REGRESO. Carlos Urzúa Macías, secretario de Hacienda de AMLO hasta el martes pasado, se reintegró ayer como académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Le dio la bienvenida el también exsecretario, pero de Gobernación, Alejandro Poiré, decano de la Escuela de Ciencias Sociales y de Gobierno del TEC. Dos días después de su dimisión, Urzúa regresa a las aulas de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, en su nueva sede de Mixcoac. 2. DISCREPANCIAS. Otra y muy fuerte, de las varias que tuvieron AMLO y Urzúa, es la que tiene que ver con las demandas de arbitraje internacional interpuestas por el director de la CFE, Manuel Bartlett contra la empresa pública TransCanadá constructora de gasoductos en México que están paralizados, pero por los que deben hacerse pagos multimillonarios. Urzúa le dijo al presidente que, con contratos de por medio, será difícil ganarlas, además de que le advirtió del daño que el proceso podría causar a la ratificación de T-MEC. Pero AMLO se decantó por Bartlett. 3. PERDER AL PARTIDO. Fue el ideólogo panista Carlos Castillo Peraza quien, al frente de la dirigencia nacional blanquiazul (1987-1993), reiteradamente insistía que había que ganar el poder, pero sin perder al partido. Acción Nacional llegó al poder con Fox en 2000 y siguió en él con Calderón hasta 2012. En esos doce años el panismo ejerció el poder y acabó perdiendo al partido. AMLO llegó al poder en 2018 y lleva en él poco más de siete meses. Ya hay evidencia de que podría perder al partido. Al menos eso deja ver el choque de trenes que protagonizan Yeidckol Polevnsky y Berta Luján en el proceso de renovación de la dirigencia de Morena.

  Frentes Políticos 1.  Bonanza turística. Ni el sargazo ni los opositores pudieron hundir al turismo, y por el contrario, se observa un panorama confiable. Miguel Torruco, secretario de Turismo, aseguró que la actividad no se desplomó. “Por lo contrario, camina con paso firme y con un futuro alentador y las cifras así lo avalan. Sin embargo, hay un largo camino por recorrer para que el turismo sea aprovechado a su máxima capacidad y se convierta en un real detonador económico y en una herramienta de reconciliación social que beneficie directamente a la población”. Los primeros cinco meses del año llegaron a México 18.2 millones de turistas internacionales, 5.9% más que en el mismo periodo de 2018. No hay caminos largos para consolidar al sector que tiene a México como un gran país del que todos hablan. 2. A fuerza, ni los zapatos. La Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro resolvió que la diputada local Elsa Méndez emitió mensajes discriminatorios contra los integrantes de la comunidad LGBT+. “El discurso de Elsa Méndez (...) violenta el derecho a la igualdad y el trato digno de dicho colectivo y, por lo tanto, pone de manifiesto que el actuar de la servidora pública no se encuentra en sintonía con el artículo 1 de la Constitución”, estableció el organismo. Méndez es presidenta de la Comisión de la Familia y, por supuesto, todo lo que no le parezca lo reprobará. Se le invitó a que se sume a la construcción de un país incluyente. ¿Cuántos mexicanos, funcionarios o no, necesitan cursos de reconversión para sus prejuicios? Este pleito va para largo. 3. Rápido y con buena letra. No tardó mucho tiempo Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, en ordenar a sus colaboradores poner fin a la mala imagen que daban cinco playas del tradicional y famoso Acapulco, las cuales no pasaron las pruebas sanitarias. Las playas Caletilla y Carabalí ya fueron limpiadas, y a dos días de la alerta sanitaria, ya son consideradas aptas para su uso recreativo. La Cofepris informó que ambas playas ya cumplen con los niveles de seguridad establecidos por la OMS y se encuentran fuera de peligro por las bacterias fecales que albergaban. Que no bajen los brazos, aún le faltan tres playas más por limpiar y, de una vez por todas, poner un alto a quienes constantemente contaminan el mar. ¿Les alcanzará la fuerza reconstructora? 4. Linchamiento legislativo. ¿En qué estaban pensando los legisladores de Baja California cuando aprobaron la ampliación de mandato de gobernador de dos a cinco años? Del lío en que se metieron pocos van a salir sin lesiones. PRI, PAN y MC ya promueven los procesos de expulsión de los diputados estatales por haber atentado contra la democracia. Los senadores Manuel Añorve, del PRI, y Damián Zepeda, del PAN, también advirtieron que se deben investigar las denuncias públicas en el sentido de que diputados contrarios a Morena fueron sobornados para que votaran en favor de esa propuesta legislativa, por lo que se pronunciaron porque también se les promueva un juicio político. En la Inquisición los hubieran quemado en leña verde. 5. Buenas cuentas. “Con hechos, que no son otros sino nuestras sentencias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reafirma su independencia y autonomía”, declaró Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente, al clausurar el primer periodo de sesiones. Destacó diversas resoluciones del máximo tribunal, las cuales calificó de trascendentes, asuntos que han impactado en la vida política, económica y social del país. “En este Tribunal Pleno, todas las señoras ministras y todos los señores ministros hemos votado y argumentado con absoluta libertad, nuestro único compromiso es, ha sido y será con la Constitución y con el pueblo de México”, puntualizó. Desde el próximo lunes comenzará a funcionar en la SCJN la Comisión de receso, integrada por los ministros Juan Luis González Alcántara y Yasmín Esquivel. Bien. Una SCJN a la altura del reto de transformación. Bien. Bitácora del director / Pemex, la Cuarta y el Desarrollo Estabilizador La historia la cuenta don Antonio Ortiz Mena en su libro El desarrollo estabilizador. Reflexiones sobre una época (FCE/Colmex, 1998). Todavía en 1959, la autonomía de gestión de Petróleos Mexicanos tenía tan ancha la manga, que la empresa no necesitaba permiso para decidir sus proyectos de inversión y cómo financiarlos. Más aún, podía dejar de entregar al fisco los impuestos retenidos por la venta de combustible, sin consecuencia para sus funcionarios. Ortiz Mena, quien acababa de dirigir el IMSS durante el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines, llegó a la Secretaría de Hacienda, designado por el sucesor de éste, Adolfo López Mateos. Al frente de Pemex estaba el sinaloense Pascual Gutiérrez Roldán, suegro del actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú. El secretario de Hacienda convenció a López Mateos de meter en cintura a la petrolera. No se podía permitir a Pemex no contribuir al fisco, algo que a un hombre de negocios le hubiera costado la cárcel. Además, la libertad que tenía para contratar empréstitos “contaminaba la política de crédito de todo el sector público”, describe Ortiz Mena (Reporte Índigo, 26/IV/2008). El resultado no fue el deseado, pues Pemex pasó de no pagar a no informar al gobierno sobre los impuestos retenidos. Por eso, en la elaboración del Presupuesto de 1960, Ortiz Mena cabildeó para incluir un artículo en la Ley de Ingresos que obligaba a la paraestatal a depositar diariamente sus ingresos en una cuenta del Banco de México, de la que Hacienda se cobraba “a lo chino, todos los días”. Para compensar, Hacienda le prestaba dinero con garantía de pago. Vale la pena traer este relato a la memoria en momentos en que está por aparecer el Plan de Negocios de Pemex –con tres meses de retraso, por cierto–, que deberá delinear la estrategia para recuperar los niveles de extracción de crudo y convencer a los inversionistas sobre la viabilidad financiera de la empresa. Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho reiteradamente que Petróleos Mexicanos tendrá un nuevo régimen fiscal para 2020, que establecerá una menor carga contributiva, misma que Hacienda compensará con programas de austeridad en el gasto público. “Tenemos que presentar el proyecto del presupuesto en septiembre; y se va a establecer el porcentaje de disminución de pago de impuestos de Pemex a la Secretaría de Hacienda”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de ayer. Es decir, el gobierno irá en sentido contrario de lo que hizo el país durante el periodo del llamado Desarrollo Estabilizador, que apretó el cinturón fiscal de Pemex, algo que López Obrador ha dicho que fue desastroso. El dato resulta relevante, pues el hoy Presidente ha planteado, desde los tiempos de la campaña electoral, que la política económica de aquel tiempo (1952-1970) le sirve de inspiración. También, porque el tipo de secretario de Hacienda que fue Ortiz Mena choca con la relación que el Presidente quiso establecer con el renunciante Carlos Urzúa y en la que ahora insiste respecto del sustituto de éste, Arturo Herrera. La actual se parece más a la que prevaleció en el sexenio de Luis Echeverría, cuando fue removido el secretario de Hacienda Hugo B. Margáin –aunque la historia oficial diga que su caída de la política fue resultado de haberse caído de un caballo–, y el Presidente dio un manotazo al afirmar que “la política económica se decide en Los Pinos”. Hoy se diría que la política económica se decide en Palacio Nacional, pero en el ala sur, que mira a Corregidora, no en la norte, que mira a Moneda.