Editorial EL UNIVERSAL / Nuevo ilícito a la vista

En el mundo del crimen hay delitos que toman auge de manera periódica. Desde las famosas pirámides, utilizadas para defraudar a incautos que acuden con el anzuelo de multiplicar su dinero, hasta las extorsiones telefónicas que en el pasado reciente alcanzaron su nivel más alto y ahora comienzan a declinar. En la actualidad hay un tipo de delito que comienza a expandirse por el país. Es otra modalidad de extorsión, se le conoce como “gota a gota” y es un fenómeno delictivo “importado”. De acuerdo con información de la autoridad, el ilícito ha sido puesto en marcha por grupos de colombianos que llegan al país vía Cancún y desde ahí han comenzado a extenderse con esta práctica hacia estados del sureste, del centro e incluso del norte. El modus operandi es el siguiente. Los colombianos se hacen pasar por empresarios, ubican a pequeños comerciantes, sobre todo a los tianguistas o a quienes tienen puestos fijos y semifijos en los mercados; les ofrecen préstamos desde 5 mil hasta 500 mil pesos, con la falsa promesa de que los intereses son muy bajos; no piden aval, referencias bancarias ni garantía alguna. El préstamo se entrega sin problema. Las complicaciones surgen cuando exigen los pagos. Son mayores a lo previsto y las formas de solicitarlo escalan a los golpes, las amenazas y al asesinato. Para los deudores la situación se vuelve insostenible; el préstamo se liquida con creces, pero los pagos no desaparecen. Hay casos en los que los deudores han optado por el suicidio ante la presión que ejercen los delincuentes colombianos. El ilícito comienza a recorrer amplias zonas del país. No es una amenaza menor, por lo que las autoridades deben estar atentas a que una nueva modalidad criminal eche raíces en el país. Uno de los mayores riesgos –si no se actúa a tiempo para frenar esta modalidad de extorsión– es que las bandas migren a delitos más agresivos o establezcan alianzas con grupos delictivos mexicanos. El contacto entre colombianos y mexicanos hasta ahora ha sido de “pago de renta” en la capital del país por parte de los primeros para operar en zonas donde domina la Unión Tepito. En el trasfondo de este ilícito se encuentra también la necesidad de un amplio sector de la población de recursos para sus negocios o para encarar situaciones de emergencia. Para ellos, sin embargo, los bancos son un medio al que no tienen acceso. Si los canales de financiamiento se abrieran para ellos, muchos de los casos de este tipo de extorsión no tendrían terreno fértil para progresar. OPINIÓN / Reparación y no repetición

El día de hoy, en el campus de Tecnológico de Monterrey en Nuevo León, el Gobierno de México ofrecerá una disculpa pública por el asesinato, a manos de militares, de Javier Francisco Arredondo y Jorge Antonio Mercado Alonso. Jorge y Javier eran estudiantes de excelencia del TEC. Una noche, hace nueve años, fueron ejecutados extrajudicialmente por soldados que habían participado esa misma noche en un enfrentamiento con miembros de una banda delictiva. Para encubrir la ejecución de los estudiantes, se les identificó como sicarios del crimen organizado. Eso, se esperaba, garantizaría que nadie investigara el crimen. Ahora, después de 9 años de lucha de sus amigos y familiares, finalmente el Estado mexicano reconoce públicamente el crimen. La muerte de Jorge y Javier no puede entenderse sin entender nuestra “guerra”. En 2010, cuando los estudiantes fueron asesinados, el despliegue militar llevaba 4 años y cerca de 50 mil soldados realizaban operativos en el país. La estrategia de seguridad militar trajo consigo una lógica de guerra —del enemigo— bajo la cual a la población civil se le protege, pero a los “otros”—a los delincuentes— se les elimina. Bajo esa lógica, la presunción de inocencia, el derecho a la integridad física o el derecho a la vida —corresponden sólo a unos, a los nuestros. Los “otros”, los enemigos, no tienen derechos. El problema es que para ser de “los otros” basta que las autoridades así lo crean o afirmen. A Jorge y a Javier los identificaron como sicarios porque eso legitimaba sus muertes. “Estaban armados hasta los dientes” afirmó la SEDENA. No hacían falta más pruebas para dispensar a las autoridades de investigar las muertes. Entre 2007 y principios de 2014 murieron a manos del Ejercito casi 4 mil personas. Muy pocas de estas muertes han sido investigadas. No sabemos cuántos más casos de falsos positivos, como el de Jorge y Javier, existen en esa cifra. El discurso de guerra nos permite decir que no importa, si eran enemigos merecían morir y si murieron es porque eran enemigos. Corresponde a familiares y amigos demostrar lo contrario. Peor aún, desde 2014 el registro de muertos a manos del ejército dejó de hacerse público. Mientras que la SEDENA simplemente se ha negado a dar esa información, la PGR (ahora Fiscalía) no tiene registro de estas muertes pues no realiza investigaciones (y sólo registran lo que investiga). Son casi 5 años de no poder conocer el número de muertos a manos de la institución de seguridad más importante del país. La reciente reforma en materia de la Guardia Nacional, hace más preocupante esta omisión. Si bien en el cuerpo constitucional se creó una institución civil, parecido a la Policía Federal, en los artículos transitorios se otorgó —por cinco años— la facultad al presidente para hacer uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Hace unos días, el pleno del INAI resolvió, por unanimidad, que la SEDENA debe hacer público el número de personas muertos a manos de soldados. Nadie duda que la SEDENA tenga esa información, el propio Secretario de la Defensa la citó recientemente ante el Congreso. La decisión del INAI, como la eventual respuesta que de la SEDENA, son fundamentales para establecer los criterios de transparencia que regirán al Ejército los próximos cinco años. Pero también es relevante en el contexto del asesinato de Jorge y Javier que sucedió en parte porque el que el uso máximo de la fuerza letal por parte del Estado es aceptable y no existían mecanismos de control ni rendición de cuentas. Sin duda es positivo que el Estado reconozca su responsabilidad en un crimen injustificable; pero es también indispensable que se adopten las medidas necesarias para evitar que un caso similar vuelva a ocurrir. La no repetición significa que cada caso de uso de la fuerza letal sea investigado puntualmente. Debe además reconocerse cada muerte, de entrada, haciendo pública la información sobre los muertos. División de Estudios Jurídicos CIDE.

@ cataperezcorrea Frentes Políticos 1.  A corto plazo. El rescate a Pemex no cesará. La empresa emblemática de México y por la que apuesta el gobierno federal resurgirá paso a paso y a mitad de sexenio se verán los resultados. A partir de la construcción de una refinería, la rehabilitación de las seis existentes y la perforación de pozos, en tres años el país va a alcanzar la autosuficiencia petrolera, afirmó Andrés Manuel López Obrador, el primer mandatario. Celebró en Tula, Hidalgo, el 81 Aniversario de la Expropiación Petrolera. “Queremos en tres años dejar de comprar la gasolina en el extranjero y producir en México todo lo que consumimos, ésa es la nueva política”, indicó. Ya se invitó a empresas internacionales para la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco. Hay rubros en donde el giro alcanza los 180 grados. No dejaron otra opción. 2. Por todo. Dicha refinería constará de 17 plantas, 93 tanques de esferas de almacenamiento, urbanización, edificios, talleres y áreas verdes. Será de alta eficiencia energética y en su construcción se proyecta generar alrededor de 23 mil empleos directos y 100 mil indirectos. Rocío Nahle, secretaria de Energía, explicó que ya se tiene un listado de productos terminados en capacidad, especificación y volumen; diagrama de flujo; cartas compromiso para cubrir garantías y seguros; contrato de compra-venta de crudo entre subsidiarias de Pemex; garantía de comercialización de combustibles; acreditación de la capacidad financiera; aprobación de preinversión y proyección presupuestaria… Se puso las pilas Nahle García. Está en todo. 3. Descontento. Desde ayer lunes, en el territorio que gobierna Jaime Rodríguez El Bronco hay un nuevo malestar. En Monterrey, Nuevo León, las rutas de transporte suburbano cobraron el pasaje a 17 pesos, situación que encolerizó a usuarios y activistas. Manuel González, secretario de Gobierno, reconoció el aumento de una sola ruta. Pero advirtió que era la única que había tomado esa medida. Sin embargo, el fenómeno se repitió en toda la ciudad. La tarifa era de 12 pesos, por lo que el incremento de cinco pesos representa un duro golpe para el bolsillo de los usuarios. Todo radica en el poco tacto del gobierno para dar solución a los problemas. El diputado del PAN, Carlos de la Fuente, señaló que el gobierno de Rodríguez Calderón no ejerce mano dura contra los transportistas. En realidad, contra nadie. 4. Se estaban tardando. Finalmente, unas semanas después, los regidores del Cabildo de Acapulco aprobaron, por unanimidad, la propuesta de Adela Román Ocampo, la presidenta municipal, quien designó al capitán de Marina, Gerardo Rosas Azamar, como secretario de Seguridad Pública del municipio, en sustitución de Geovanni Raúl Mejía. La alcaldesa tomó protesta al nuevo funcionario. Adela Román se reunió con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, para presentarle al nuevo encargado de la seguridad. Aunque prácticamente ya tenía las riendas, pues en días pasados fue designado como encargado de despacho, ahora sí podrá aplicar la estrategia para sacar a Acapulco de la penosa lista de ciudades violentas en el mundo, herencia que recibió la alcaldesa. Punto y aparte. Volverá la paz.  5. Mañosos. No sólo es lamentable, sino que se debe actuar en consecuencia. De acuerdo con lo reportado, la administración del gobierno capitalino anterior infló 363% los precios de las demoliciones de edificios dañados por el sismo. El precio por metro cuadrado se contrató a más alto precio que el real. Así lo dio a conocer la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien indicó que ya se dio aviso a la Contraloría para que realice sus investigaciones y deslinde responsabilidades. “Tan sólo como ejemplo, el año pasado en reconstrucción, que es increíble que hayan hecho corrupción de un recurso tan sensible con lo que estaba ocurriendo, las demoliciones costaron cinco mil pesos por metro cuadrado, hoy se están contratando en 550 pesos por metro cuadrado”, precisó. Lucrar con todo, ¿con esa premisa se condujeron los funcionarios capitalinos? Dan pena. BITÁCORA DEL DIRECTOR / Neoliberalismo

El domingo, en los foros para discutir los ejes para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, declaró acabado el modelo económico neoliberal. “Es momento de expresar que, para nosotros, ya se terminó esa pesadilla (…) Quedan abolidas las dos cosas: el modelo neoliberal con su política económica de pillaje, antipopular y entreguista”. El neoliberalismo ha sido el caballito de batalla de López Obrador desde que apareció en la escena política nacional, hace tres décadas. Seguramente soñaba con la posibilidad de declararlo muerto, como quien decreta la abolición de la esclavitud o la erradicación de una enfermedad. El problema es que, a diferencia de los dos casos anteriores, el neoliberalismo –esa bestia negra a la que se quiere acusar de todos los males– no es algo asible, sino un concepto que se utiliza de forma peyorativa para denominar una serie de medidas de política económica. Pero aun si se pudiera, con rigor académico, llamar neoliberal a la política económica prevaleciente en la mayor parte del mundo, ¿qué significa abolirla? ¿Quiere decir, acaso, que México se apartará de la globalización y renunciará a todos los acuerdos de libre comercio de los que es parte? ¿Renunciará al equilibrio fiscal, uno de los principios esbozados por quienes son señalados como economistas neoliberales? Ése es el problema de las etiquetas. La llamada escuela neoliberal nació como algo muy distinto, prácticamente lo contrario a lo que se entiende hoy.    De acuerdo con la versión más conocida, el término fue acuñado en una pequeña conferencia en París, en 1938, ahora conocida como coloquio Walter Lippmann. Algunos de los asistentes a la reunión –entre ellos, los austriacos Ludwig von Mises y Friedrich von Hayek– propusieron apartarse de los preceptos del laissez-faire del liberalismo clásico y abrazar una mayor intervención estatal en la economía, a fin de enfrentar los efectos de la Gran Depresión y el ascenso del fascismo en Europa. Incluso el filósofo francés Michel Foucault se refirió al susodicho coloquio en una serie de conferencias a finales de los años 70, donde dijo que “en todos los textos de los neoliberales encontramos la propuesta de que el gobierno sea activo, vigilante e interventor en un régimen liberal”. Fue mucho más tarde, a finales de los años 80, cuando el término adquirió la connotación conspirativa que hoy tiene: un malicioso espectro global, de diseño consciente, que ejerce el poder económico de forma ventajosa para extraer ganancias de las personas marginadas del mundo.     Pero incluso suponiendo que el neoliberalismo fuese ese conjunto de políticas económicas que favorecen la globalización, el libre comercio, la no intervención del Estado en la economía y la privatización de empresas públicas, etcétera, es muy difícil argumentar que esas políticas son responsables de los males que algunos les atribuyen. Basta cruzar la lista de las economías más libres del mundo con las de mayor desarrollo humano y encontrará uno muchas coincidencias. Nueve de los 15 países que encabezan una y otra listas son los mismos: Australia, Canadá, Dinamarca, Irlanda, Islandia, Reino Unido, Singapur, Suecia y Suiza. Sin duda, podemos encontrar fallas en la distribución del ingreso de los mexicanos en los últimos 30 o 40 años, pero eso no tiene que ver con el llamado neoliberalismo, o lo que se entiende por él, sino con la falta de políticas económicas liberales o su deficiente aplicación–como la sustitución de la libre competencia por los compadrazgos entre empresas y gobierno–, así como la educación pública atrofiada, la ausencia del Estado de derecho y la rampante corrupción.