Editorial EL UNIVERSAL / Ilícitos y comunidades: las razones

Los lugares donde se presentan apoyos a los grupos del crimen organizado que se dedican al robo de combustible usualmente son poblaciones marginadas y con elevados índices de pobreza. En Tlahuelilpan, Hidalgo, escenario de la mayor tragedia por el robo de combustible, 55% de la población vive en pobreza y 7% en pobreza extrema. De acuerdo con el Coneval 61% de la población percibe ingresos por debajo de la línea de bienestar. En el municipio de Otumba, Estado de México, el viernes pasado un grupo de habitantes de la comunidad de Cuautlacingo intentó agredir a elementos de la Secretaría de la Defensa cuando éstos pidieron que se retiraran de una toma clandestina. Datos del Coneval señalan que 56% de su población se encuentra en situación de pobreza. En Acambay, también en el Estado de México, y donde además se vieron escenas de decenas de personas alrededor de una toma clandestina, incluso antes que en Tlahuelilpan, es un municipio con alto grado de marginación. EL UNIVERSAL publica hoy que en esta localidad mexiquense todos conocen a los huachicoleros y que hay comunidades donde muchos pobladores se dedican al sabotaje de ductos. “Prefirieron tomarlo como un trabajo en lugar del campo u otros oficios”, según testimonios. ¿Por qué amplios grupos de población deciden incurrir en prácticas ilícitas? La marginación y la pobreza son factores que inciden en la comisión de delitos. Ante la falta de oportunidades o, en el mejor de los casos, ante la opción de pasar una vida en actividades agrícolas con ínfimos salarios, el robo de combustible —que pasa en ductos cerca de sus comunidades y que implica el despojo de manera clandestina, sin causar daño físico o a la propiedad de otra persona— se vuelve atractivo. Otro factor es la impunidad. Estudios como el de la UDLAP señalan que la impunidad por delitos generales llega en México a 99%, es decir, nunca son castigados. La ciudadanía se entera de altos funcionarios acusados de corrupción que no son investigados y menos sancionados, se entera de grupos criminales que dominan amplias regiones sin que nadie los moleste, se enteran de vecinos que se dedican a actos ilícitos sin que terminen en prisión. Mientras los delitos no sean castigados, habrá incentivos para seguir el camino de la ilegalidad. Hay situaciones que muestran que la práctica criminal ha permeado en el tejido social. Los motivos pueden ser variados, pero la situación sería muy distinta si al menos pudiera avanzarse tanto en disminuir la pobreza como la impunidad. OPINIÓN / La agonía del régimen electoral mexicano

Las dos instituciones que encabezan el régimen electoral mexicano están atravesando por un desierto: de un lado, el conflicto entre los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) ha llevado a la renuncia de Janine Otálora a la presidencia de ese órgano; y de otro, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha enderezado una controversia constitucional en contra de la Cámara de Diputados para tratar de hacerse con los recursos que, según los consejeros electorales, resultan indispensables para organizar los comicios que tendrán lugar el próximo 2 de junio. De un lado, la disputa interna en el Trife ha mostrado su flanco más débil: el encono entre magistrados, agigantado por las disputas que despertó la resolución de las elecciones de Puebla, que probablemente quedará registrada como una de las más polémicas en la historia de ese órgano, pero que de ninguna manera justifica la ruptura entre sus integrantes. ¿Qué puede esperarse de un colegiado que está llamado a dirimir los conflictos electorales, pero que es incapaz de controlar sus propias pasiones? En su renuncia, la magistrada Otálora habló de una transición necesaria en el tribunal. ¿Pero una transición hacia dónde? De otro lado, nos enteramos de que “la drástica reducción presupuestal determinada por el Legislativo impide que el INE, de forma independiente y autónoma, participe en la organización de los procesos electorales que se realizarán este año en Baja California, Durango, Aguascalientes, Quintana Roo y Tamaulipas (a los que debe añadirse Puebla), con lo cual se vulnera el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía en esas entidades; expida millones de credenciales para votar gratuitamente; fiscalice los recursos de los partidos políticos y las candidaturas; monitoree las transmisiones de radio y televisión; o bien, que cumpla con otras obligaciones constitucionales y legales”. Nada menos. Para completar el escenario ominoso, añádase que el régimen de partidos que se construyó al final del siglo pasado está sumido, a su vez, en una crisis que hoy parece imposible de remontar. Los que protagonizaron la transición de finales del siglo pasado y sentaron las bases del sistema electoral que hoy tenemos, están atravesando por el peor momento de toda su historia. Ninguno parece contar con los argumentos suficientes para salir airosos de sus propios abusos, ni para enfrentar la emergencia de una nueva fuerza política anclada en la poderosa legitimidad del presidente de la República, que promete reconstruir la hegemonía de un partido prácticamente único. Y, sin embargo, es con ellos con quienes sigue operando el régimen electoral que tenemos, como si no hubiera pasado nada y como si todas las circunstancias estuvieran intactas. Y por si algo faltara, hay que sumar que nadie recuerda siquiera a la Fepade, que la fiscalización de los partidos se convirtió en una farsa, que las elecciones locales siguen siendo motivo de conflictos interminables sin filtro, que el voluminoso financiamiento de los partidos está en jaque y que el nuevo gobierno se ha propuesto cargar con más responsabilidades al INE, para organizar consultas cada vez que sea necesario. Dadas estas circunstancias, me resulta obvio que el régimen electoral mexicano, tal como lo conocimos, está en agonía. Y me parece evidente la urgencia de llamar a modificarlo lo más pronto posible, a fin de conjurar el riesgo de volver al tiempo en el que la distribución del poder se resolvía por vías ajenas al voto, aunque hubiera elecciones. Hay que desatar los nudos formalistas, simplificar los procesos que no llevan a ningún lado y rediseñar las instituciones que hoy están revelando, como nunca antes, la doble causa de sus debilidades: la pasión y el dinero.

Frentes Políticos I.  Reformar la educación, ya. Esteban Moctezuma, secretario de Educación, tiene ante sí tres escenarios. Hoy inicia el debate en la Cámara de Diputados. Desde el SNTE, para quien la educación ha servido sólo como instrumento del poder político, se verá resurgir a Elba Esther Gordillo, quien es cierto que cuenta con apoyo de antaño. Por otro lado, está la CNTE con su violencia y desafío constante a las instituciones públicas. La peor de las partes, los antisociales, los destructivos, el cobre. Y el STE, organización joven y con ideas frescas, cuyo origen es la dignidad y pluralidad del magisterio. Con ese abanico tendrá que lidiar Esteban Moctezuma. Tomar las mejores decisiones es su tarea. II. Cordura. Emilio Montero Pérez, alcalde de Juchitán de Zaragoza, en Oaxaca, entregó las llaves de la ciudad a Jesucristo. El edil de Morena estuvo arropado por la mayoría de los integrantes de su cabildo y directores de área y acompañado por organizaciones cristianas. El acto fue censurado por la comunidad, que por cuestiones religiosas lo consideró una afrenta. El edil llamó a “orar por las situaciones tan críticas que estamos viviendo en nuestro municipio”. Días previos y posteriores a la jornada de oración lo que se le cuestiona no sólo es encabezar un acto religioso, sino utilizar recursos públicos. Alcalde, para ello existen los sacerdotes. Su misión es terrenal. No se haga. III. Paso a paso. Beatriz Gutiérrez Müller, escritora y esposa del Presidente de México, expresó sobre la estrategia Nacional de Lectura: “Un libro puede ser un camino para ser mejores personas, mejores mexicanos. La lectura despierta la conciencia y la imaginación, nos invita a reflexionar, a sentir, nos hace gozar, nos hace recordar o llorar. La lectura puede darnos paz, es un vehículo para la paz. Nadie que está leyendo está pegando, pateando o agrediendo a alguien. Lean, lean todo lo que puedan… Vayan a las bibliotecas, aprendan, cultiven su interior, lean todo lo que puedan en su vida, no dejen de leer”. Hagámoslo un compromiso inaplazable. La historia lo agradecerá. IV. Atorado. “El conflicto laboral entre la CNTE y el gobierno de Michoacán lesiona la economía nacional en su conjunto, afectando a empresas tanto públicas como privadas. Exhortamos a las partes a considerar los intereses nacionales y buscar vías de solución distintas”, exigió Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, como siempre, quiere dinero, y esta vez mucho, para levantar los bloqueos en Michoacán que tienen varados trenes y transporte de carga con producto. Urge, por el bien de la nación, que acaben de una vez con el bloqueo de maestros a los trenes en el estado. Maniobra criminal que el gobernador Silvano Aureoles no ha podido resolver. V. ¿Qué se siente? La alternancia ya le había dado la oportunidad a los panistas, quienes la dejaron pasar tras 12 años al frente del país sin pena ni gloria. Y en esos dos sexenios, el Partido Revolucionario Institucional (PRI)tuvo que estar en la banca y se recompuso. Tras el sexenio que recién terminó, la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, tiene en contra la creciente aceptación del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Señaló que su partido se ratificará como una oposición seria, responsable, crítica y propositiva que levanta la voz en beneficio de todos. Nunca la cuesta arriba para el PRI estuvo tan inclinada. Si no le echa ganas suficientes, doña Claudia no lo logrará. BITÁCORA DEL DIRECTO/ Venezuela: más vale tarde que nunca

Este año se cumplirá medio siglo de la suscripción de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos –también conocida como Pacto de San José–, ratificada por México el 3 de febrero de 1981. Hace 50 años que las relaciones internacionales en este hemisferio se guían por la protección y promoción de los derechos humanos. Sin embargo, el gobierno de México ha decidido que los principios de “no intervención” y “autodeterminación de los pueblos” deben ir por delante. Para ello, invoca unas tesis que se pusieron en boga hace casi 90 años: la Doctrina Estrada. Ésta fue impulsada –como ya he escrito aquí– cuando México vivía bajo un régimen caudillista, el Maximato de Plutarco Elías Calles, y sus autoridades decidieron no opinar sobre los sistemas de gobierno de otras naciones con el fin de que nadie se sintiera con derecho a criticar el suyo. En su artículo 23, la Convención Americana establece que todos los ciudadanos deben gozar de una serie de derechos y oportunidades. Una de esas garantías es la de “votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores”. Conforme se acercaba la fecha para que el venezolano Nicolás Maduro tomara posesión de un nuevo periodo en la presidencia de su país –el 10 de enero–, un buen número de naciones del continente y otras partes del mundo decidió desconocerlo como mandatario, en función de que la elección celebrada el pasado 20 de mayo no contó con las mínimas condiciones para que el voto de los ciudadanos se expresara con libertad. Además, varias de ellas decidieron reconocer como Presidente interino a Juan Guaidó, el líder de la Asamblea Nacional de Venezuela, órgano elegido democráticamente en diciembre de 2015, que fue cerrado violentamente por el régimen de Maduro en julio de 2016. Otras no llegaron a tanto, pero pusieron un ultimátum a Maduro para que acepte la celebración de nuevas elecciones, a realizarse con apego a los principios democráticos.   México decidió no estar entre esos países. El 23 de enero, el mismo día que Guaidó juró como presidente encargado, con base en lo dispuesto por la Constitución venezolana, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que sostuvo que “México no participará en el desconocimiento del gobierno de un país con el que mantiene relaciones diplomáticas”. Más tarde, en una postura conjunta con Uruguay, la Cancillería mexicana hizo un llamado “a todas las partes involucradas” a participar en “un nuevo proceso de negociación incluyente y creíble, con pleno respeto al Estado de derecho y los derechos humanos”, con el fin de reducir las tensiones y evitar una escalada de la violencia. La invitación mexicano–uruguaya fue abrazada al día siguiente por Maduro, pero rechazada por la oposición venezolana, que recordó que el chavismo en otras ocasiones ha fingido estar dispuesto al diálogo sólo para ganar tiempo y aferrarse al poder. No puede decirse que la posición mexicana sobre la crisis política en Venezuela sea sorpresiva. Desde los días de la campaña electoral, el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador había adelantado que su política exterior se guiaría, en todos los casos, por la Doctrina Estrada. Reafirmó lo anterior invitando a Maduro a su toma de posesión y deslindándose de las posturas del Grupo de Lima, del cual México había sido fundador. “Queremos tener buenas relaciones con todos los países”, ha dicho el Presidente a modo de justificación. También ha asegurado, reiteradamente, que su postura se apega a lo dispuesto por el artículo 89 de la Constitución, el cual, si bien es cierto, establece que la política exterior del país debe observar los principios de “autodeterminación de los pueblos” y “no intervención”, también menciona el “respeto, protección y promoción de los derechos humanos”. Desde que los cientos de miles de venezolanos tomaron las calles para protestar contra un nuevo periodo de gobierno de Maduro –además de repudiar las condiciones sociales y económicas deplorables que ha generado el chavismo–, las fuerzas del orden han matado a decenas de personas. Se trata de las víctimas más recientes de un régimen que ha usado sistemáticamente el encarcelamiento, la tortura, la desaparición, el asesinato y el desplazamiento forzado para mantenerse en el poder. A riesgo de caer en una abierta complicidad con la dictadura que gobierna Venezuela y quedar completamente aislado en el escenario internacional, el gobierno de México debe rectificar su postura y sumarse a quienes exigen la celebración de nuevos comicios para que los venezolanos decidan en libertad quién debe gobernarlos. Es tarde, es verdad. Pero más vale tarde que nunca.