Luego de publicar algo, o incluso en plena investigación de un asunto de interés público, es necesario permanecer alertas ante la incidencia de lo inesperado. Documentar la realidad de nuestro entorno bajo la premisa de “salir a buscar la verdad y contarla”, entraña múltiples riesgos para quienes ejercen el oficio de informar a la sociedad. Informar y opinar a partir de una visión crítica y contestataria al poder público y los poderes fácticos, es naturalmente un peligro y así lo entienden las y los periodistas. No se rehúye a ello en razón de que se trata de un servicio a la sociedad. Si bien la Constitución garantiza la libre expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información, la realidad nos muestra que las instituciones públicas no han sido garantes de esos derechos. México es uno de los países de mayor riesgo para el ejercicio periodístico y San Luis Potosí no escapa a tan funesta circunstancia histórica. Hay regiones de la nación donde las y los periodistas se juegan la vida a cada instante. La ciudadanía tiene el derecho a estar debidamente informada del acontecer y las autoridades tienen la obligación legal de garantizar a las y los periodistas que ejerzan su actividad sin obstáculos. La legislatura local tiene en su larga lista de asuntos pendientes, iniciativas orientadas a garantizar el ejercicio del periodismo en un ambiente de libertad plena, seguridad, certeza y de independencia sin cortapisas. No es la primera vez que con la creación de leyes se intenta cumplir con el propósito de garantizar la actividad periodística; incluso, la norma local ha sido armonizada con la federal en esa materia, pero da el caso de que los riesgos, en vez de atenuarse, aumentan en perjuicio de las y los periodistas. El gremio periodístico tan distraído por la rutina, enfermo de negligencia y obnubilado por la indiferencia, pocas veces ha levantado la voz para exigir nada salvo lo que a intereses particulares corresponda. Esta vez, esa abulia fue reemplazada por la participación de la Red de Mujeres Periodistas de San Luis Potosí, que mantiene su intervención en el proceso legislativo con la intención de aportar lo necesario y lograr una norma eficiente y efectiva. Han entregado en tiempo y forma, sugerencias respecto del tema que se está analizando en comisiones, en cuyo caso, lo deseable es que se les tome en cuenta. Se revisan dos iniciativas, una del diputado Edgardo Hernández Contreras y otra del gobernador Juan Manuel Carreras López. La actual, no es precisamente una de las legislaturas más brillantes, pero no es mucho pedir que el tema se aborde con responsabilidad e interés: la prensa es a no dudarlo, uno de los pilares de la democracia, pero se requiere ejercer el periodismo en un contexto de paz y tranquilidad; hay que arroparlo y protegerlo. No debería costar mucho esfuerzo entenderlo. Por citar algo: recientemente la Red de Mujeres Periodistas dio a conocer resultados de una encuesta, según la cual, el 50 por ciento de las entrevistadas dijo haber sido víctima de una agresión relacionada con su actividad. Las agresiones tienen que ver con la actuación de servidores públicos que son abordados como fuentes de información, pero también destaca por la gravedad que ello implica, que hay agresiones cometidas en las propias instalaciones de medios de comunicación. Ni en su propio lugar de trabajo están a salvo. Se trata entonces de legislar con rigor, de entender que es un fenómeno multifactorial que requiere sensibilidad, inteligencia y de un trabajo exhaustivo: no cabe legislar al vapor, aunque el tiempo apremia. Las consecuencias que derivan de informar a la ciudadanía, pueden ser tumultuosas al tomar forma de hostigamiento, acoso, amenaza o de agresión física. El Estado tiene la responsabilidad de velar que eso no ocurra. Ni servidores públicos ni civiles, sin importar el tamaño del poder que tengan, tienen derecho de silenciar a la prensa. El eslabón más débil, el de mayor vulnerabilidad, es el de las y los reporteros; son los que dan cara a los actores de la noticia, son los que acuden al lugar de los hechos, los que con su presencia, recrean un suceso para después contarlo. A menudo, las empresas de medios de información para los que trabajan, no les brindan mayor protección y los envía indefensos a la calle. Es un oficio de alto riesgo y todas y todos salen a buscar información sin saber si el azar les depara sorpresas indeseables. Es sabido que buena parte de los profesionales de la información reciben salarios precarios, que se les niegan prestaciones sociales de ley, son objeto de abusos y maltrato, no se les capacita ni se reconoce su trabajo. Es decir, las y los periodistas trabajan de lleno en un ambiente hostil al que en desdoro del gremio, hay que sumar la insensibilidad de género, lo que ha propiciado una relación de desprecio hacia el trabajo de las mujeres periodistas. Hay mucho por hacer desde las instituciones públicas y desde la legislación, pero a su vez, hay mucho que hacer hacia el interior de la clase trabajadora de la prensa. Es necesario entender que la igualdad es una aspiración inaplazable, pues de hecho, las reporteras son las más vulnerables en el desempeño de su actividad: están en la mira de todos, incluso de sus compañeros de oficio. Para ser buenos periodistas, primero hay que ser buenas personas, dijo alguna vez Ryszard Kaspuscinsky. Los que hemos hecho del periodismo un proyecto de vida, debemos empezar por asimilar eso.