San Luis Potosí, México (07 Mayo 2017).- El estado de San Luis Potosí se encuentra entre las ocho principales entidades que han encendido focos rojos en materia de seguridad, durante el proceso electoral 2018, ya que de diciembre a la fecha se reportan dos políticos muertos y uno más herido, además de integrantes de equipos de campaña que han sido asaltados y amenazados. De acuerdo al Tercer Informe de Violencia Política en México 2018, efectuado con la consultora Etellekt, entre el 8 de septiembre de 2017, que inició oficialmente el proceso electoral, hasta el pasado 8 de abril se contabilizaban 173 agresiones contra políticos en México y contra sus familias, algunas de las cuales derivaron en el asesinato de 79 políticos. Esto se traduce en que hay casi una agresión diaria y un político asesinado cada 2.5 días. Otro reporte realizado en el mes de marzo por el periódico de circulación nacional Excélsior señalaba que Guerrero encabeza la lista de asesinatos a políticos con 11 casos, seguido de Veracruz, Puebla y Oaxaca con 7 asesinatos cada uno y en quinto lugar están Hidalgo y Estado de México con 4 casos cada uno, seguidos de Jalisco con 3 casos. El estado de San Luis Potosí se ubica en la posición número 8 con dos homicidios de políticos, el primero ocurrió a mediados de diciembre en el municipio de Matlapa, donde el ex candidato del Partido Humanista, Juan de Dios Guardiola Tello, quien contendió por una diputación local en 2015 fue baleado en una tienda de abarrotes; el segundo caso ocurrió una semana después, cuando el precandidato a la alcaldía de Tampamolón Corona, Ángel Medina Burgaña, también fue asesinado con un balazo en la cabeza. Estos casos se suman al ocurrido a finales del pasado mes de marzo, cuando el candidato de Morena a una diputación federal, Israel Mendoza Vázquez, fue baleado en el municipio de Matehuala, presuntamente a causa de un intento de robo con violencia, sin embargo este candidato no perdió la vida. De igual forma, el candidato a la alcaldía capitalina, Xavier Nava Palacios, denunció un asalto armado a miembros de su equipo de campaña en el Fraccionamiento Tangamanga y la candidata del municipio de Catorce, Petra Puente, presentó una denuncia ante la Fepade y la PGR por hostigamiento y amenazas. PIDEN SEGURIDAD PERSONAL Este panorama de inseguridad ya llevó a múltiples candidatos a solicitar seguridad personal a las autoridades, tal fue el caso de la candidata a la alcaldía capitalina Cecilia González Gordoa, quien ya envió una solicitud al respecto a la Secretaría General de Gobierno, además de que el Partido Acción Nacional (PAN) también hizo lo propio al solicitarlo ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), según informó Laura Elena Fonseca Leal, presidenta del Ceepac.

La consejera señaló que en la solicitud del PAN, que le llegó al Ceepac, dicho partido político solicita seguridad para diversos candidatos y candidatas en esta elección. Dicha solicitud será turnada a Gobierno del Estado para que se analice la viabilidad de destinar elementos de seguridad para los candidatos y candidatas panistas. Fonseca Leal también negó que hasta el momento tengan reportes de agresiones o hechos de inseguridad contra políticos en el estado. POLICÍAS DEJAN CALLES… SE VAN DE GUARDAESPALDAS El experto en seguridad, Francisco Salazar Soni, señaló que, a diferencia de cómo ocurrió a nivel nacional, los consejos estatales electorales no formularon una petición a las autoridades en materia de seguridad para la creación de protocolos de seguridad para candidatos y candidatas, por lo que no existen lineamientos para garantizar que solo reciban apoyo de seguridad aquellos candidatos y candidatas que realmente se encuentren en una situación de riesgo. Salazar Soni explicó que dicho protocolo debería contemplar aspectos como bajo qué condiciones se le debe conceder seguridad personal a los candidatos y candidatas y cuándo se les podría negar, si dicho servicio se le prestará las 24 horas del día o únicamente durante eventos públicos, si los elementos portarán armas de fuego o no y los vehículos que utilizarán para ello, entre otras cosas. Ante la falta de dicho protocolo, explica el experto, podría ocurrir que se le asignen elementos de seguridad del Estado a candidatos y candidatas que no tienen riesgo alguno de ser agredidos, con lo que podría descuidarse la seguridad pública en los municipios, dado que dichos elementos son sacados de las calles para fungir como guardaespaldas de estos políticos. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), por su parte informó que existen una serie de pasos a seguir para autorizar seguridad a los candidatos. El primer paso es que el candidato o candidata haga la solicitud ante el Ceepac, que es la instancia que turna dicha solicitud a la Secretaría General de Gobierno, posteriormente se hace un análisis de riesgo para determinar si se le concede o no la seguridad al peticionario y finalmente se le hace la solicitud a la SSPE para que designe elementos de seguridad, en caso de que el análisis de riesgo así lo haya determinado. Los asesinatos de personas vinculadas a la política han ocurrido en 20 de las 32 entidades del país y el 40 por ciento (25 asesinados) han sido dirigidos a militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), seguido del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que ha perdido a 13 de sus militantes por homicidios y el Partido Acción Nacional (PAN) con 6 casos.