LONDRES. Once jueces de la Corte Suprema británica comenzaron a analizar este martes si la decisión del primer ministro Boris Johnson de suspender las labores parlamentarias hasta dos semanas antes del Brexit fue legal, después que dos tribunales inferiores dictasen opiniones contradictorias. El tribunal prevé tres días de vistas: su decisión podría conocerse el jueves o los magistrados podrían darse algún tiempo más para reflexionar. Si al término de este nuevo episodio en la caótica saga del Brexit, la justicia declara que la suspensión es ilegal, el Parlamento debería, según los expertos, volver a ser convocado de inmediato. Algo que Johnson no quiso aceptar de inmediato: Lo mejor que podemos hacer es esperar y ver qué dicen los jueces", declaró Johnson a la BBC.

La decisión de la Corte Suprema no tendrá, sin embargo, ningún efecto en el calendario del Brexit, advirtió su presidenta, Brenda Hale, al abrir la vista. Esta es una cuestión jurídica seria y difícil. No nos conciernen las cuestiones políticas más amplias", aseguró mientras, a las puertas del tribunal, medio centenar de manifestantes protestaban con pancartas que decían 'Nuestra democracia muere cuando se silencia a los diputados' o 'Paren el golpe de Estado'.

‘NO EXISTEN NORMAS LEGALES’

Las dos cámaras del Parlamento británico vieron sus labores suspendidas el pasado martes y no deben reanudarlas hasta el 14 de octubre. Johnson justificó su petición de suspensión a la reina por la necesidad de elaborar y presentar su programa de política nacional, una práctica habitual cuando hay cambio de gobierno. Sin embargo, los opositores a un Brexit sin acuerdo la consideran una estrategia para maniatarlos y denunciaron un "ultraje constitucional". El pasado miércoles, un tribunal de apelaciones escocés les dio la razón. Por unanimidad, sus tres jueces consideraron que la medida tuvo "como objetivo obstaculizar al Parlamento" y la declararon "ilegal", invalidando la sentencia de una corte inferior interpelada por 78 diputados proeuropeos. Pero, en otro caso separado, presentado por la empresaria y activista antibrexit Gina Miller con el apoyo entre otros del ex primer ministro conservador John Major, una corte de Londres dictó lo contrario. Sus jueces consideraron que la decisión de suspender el Parlamento es de "naturaleza intrínsecamente política" y "no existen normas legales con que juzgar su legitimidad". Johnson tuvo que asegurar "absolutamente" a los periodistas que no mintió a Isabel II sobre sus motivos para mandar a legisladores a casa durante cinco semanas, mucho más tiempo de lo habitual. No abandonaremos la lucha por la democracia", afirmó por su parte Miller, quien en 2017 ganó una batalla jurídica clave sobre el Brexit contra el gobierno de Theresa May.

ACUERDO EN PUNTO MUERTO

Tras el referéndum de 2016, en el que 52 por ciento de británicos votó a favor de abandonar la UE, el Brexit debía tener lugar el pasado marzo, pero ante el reiterado rechazo de los diputados al acuerdo negociado por May fue aplazado dos veces. Johnson aseguró que no pedirá otra prórroga, pese a una ley aprobada de urgencia antes de la suspensión parlamentaria que le obligaría a hacerlo si no ha alcanzado un acuerdo con Bruselas al 19 de octubre. El gobierno británico afirma avanzar en sus contactos con la UE y el lunes anunció una intensificación de las reuniones, que pasarán a ser diarias y tendrán lugar a nivel político, directamente entre su ministro del Brexit, Stephen Barclay, y el negociador jefe europeo, Michel Barnier. Pero la Comisión Europea asegura que Londres no presentó ninguna propuesta viable, a un mes de la cumbre europea del 17 y 18 de octubre, que decidirá sobre la cuestión. En este contexto, Johnson mantuvo este martes una conversación telefónica con la canciller alemana Angela Merkel. El primer ministro reiteró que el Reino Unido y la UE han acordado acelerar los esfuerzos para llegar a un acuerdo (...) que pueda obtener el apoyo del Parlamento británico, y que trabajaremos con energía y determinación para conseguirlo antes del Brexit del 31 de octubre", informó Downing Street.

-- EXCÉLSIOR / AFP

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