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Asociaciones civiles señalan que existen responsables reales por los más de 120 mdp desviados para la presunta compra de medicamentos en la anterior administración de Ricardo Gallardo Juárez
23:04 martes 23 octubre, 2018
San LuisEl vocero de Ciudadanos Observando Guadalupe González Covarrubias, y del Frente Ciudadano Anticorrupción Hugo Stevens Amaro mencionaron que el hallazgo del ayuntamiento capitalino de nuevas facturas sobre el caso Sandra Sánchez Ruíz por un monto de más de 50 millones de pesos, se suman a los casi 150 millones de pesos que se calculan fueron desviados durante la administración Ricardo Gallardo Juárez, para la presunta compra de medicamentos.
En la mesa ciudadana anticorrupción a través de WFM 100.1, Stevens Amaro informó que estos contratos se firmaron en un periodo de tiempo muy corto pero que se logró descubrir que ambos contratos se pagaron con recursos federales específicamente con recursos del Ramo 28 y 33, por tanto se podría pedir la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como lo hizo público el secretario general del ayuntamiento Sebastián Pérez, decisión que ven como favorable para el esclarecimiento de este escándalo de corrupción.
Aparte Guadalupe González explicó en la mesa de discusión que este tipo de fraudes han dañado a la ciudadanía de manera severa, sin embargo se pronunció a favor de que la nueva administración del alcalde Xavier Nava presente nuevas denuncias por el caso Sánchez Ruíz, iniciando por la figura del primer síndico municipal.
Los activistas señalaron como probables responsables del caso a figuras como el ex contralor interno, Enrique Obregón; a los firmantes de los dos contratos empezando por el exalcalde Gallardo Juárez; la primer síndico, María Isabel González Tovar; el secretario del ayuntamiento, Marco Aranda Martínez; el exoficial Mayor, Noé Lara y el exdirector de compras y licitaciones, José Soto. Además de que señalaron posibles omisiones de los exauditores tanto estatales como federales.
Además solicitarán una nueva auditoría por este caso específico en las Cuentas Públicas 2016, pues consideraron que es un recurso legal estipulado en la ley e incluso con el apoyo de la nueva administración para presentar las nuevas denuncias por parte de la actual sindicatura.