Twitter suspendió este domingo el perfil del Ministerio de Información de Birmania, ahora controlado por el Ejército por incumplir las normas de la compañía. La cuenta oficial publicaba desde el golpe de Estado del 1 de febrero la versión de la junta militar sobre los acontecimientos actuales en el país asiático, donde las fuerzas de seguridad reprimen con brutalidad las manifestaciones en rechazo del nuevo régimen castrense. "Cuenta suspendida. Twitter suspende las cuentas que incumplen las reglas de Twitter”, es el mensaje que aparece al tratar de acceden al perfil del ente gubernamental. Desde el sublevamiento militar hasta este sábado, al menos 247 personas han muerto – 12 de ellas ayer- a raíz de la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad contra las protestas a lo largo de Birmania en rechazo a la toma del poder del Ejército, apunta la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP). “Este es el número documentado y verificado por AAPP, el número real de víctimas probablemente sea mucho mayor”, indica la asociación independiente en su última actualización, que además denuncia el “saqueo y la destrucción de propiedad pública y privada” por parte de los uniformados. A pesar del derramamiento de sangre, el movimiento civil resiste y miles de personas continúan desafiando a la junta militar. Este domingo, los manifestantes han vuelto a salir a las calles a lo largo del país en ciudades como Mandalay, donde desde el amanecer una columna de médicos lidera la marcha. Los manifestantes reclaman que los uniformados restauren el sistema democrático, respeten los resultados de las elecciones de noviembre y la libertad para todos los detenidos por la junta militar, alrededor de dos mil personas, según AAPP, entre ellas la líder del depuesto gobierno electo, Aung San Suu Kyi. El Ejército, por su parte, defiende la dura actuación de las autoridades y justifica el golpe por un supuesto fraude electoral en los citados comicios de noviembre, en los que arrasó el partido de Suu Kyi y que fueron calificados de legítimos por los observadores internacionales. Con información de López Dóriga Digital / EFE