Morena presentó ayer en el Senado una propuesta de reforma Constitucional para arrebatar los bienes a funcionarios y prestanombres que estén envueltos en actos de corrupción. Se trata de una modificación al artículo 22 de la Constitución para que el Estado proceda a la extinción de dominio frente a ese tipo de delitos. De aprobarse la medida dicha sanción también será aplicada en los casos de abuso de autoridad, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, cohecho, enriquecimiento ilícito y delitos cometidos por servidores públicos contra la administración de la justicia. Actualmente, la extinción de dominio sólo procede en el caso de los delitos de delincuencia organizada, contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito. De acuerdo con el proyecto presentado en tribuna por el senador morenista José Antonio Álvarez Lima y turnado a comisiones, se pretende asegurar los bienes no sólo a quienes hayan cometido el delito sino también a sus prestanombres. "La extinción de dominio procederá respecto de los bienes que estén intitulados a nombre de terceros y que existan elementos suficientes para estimar que fueron utilizados para el hecho que la ley señala como delito", refiere la iniciativa. Ricardo Monreal, coordinador de Morena, consideró que la prioridad en el combate a la delincuencia y a la corrupción debe centrarse en el aspecto financiero, es decir, en las ganancias obtenidas por quienes violaron la ley. Adicionalmente, la iniciativa contempla separar el procedimiento penal que se sigue contra el acusado y el procedimiento de extinción de dominio. "Será jurisdiccional, de naturaleza penal, pero autónomo del procedimiento que se sigue la investigación y judicialización de los hechos con los que estén involucrados los bienes objeto del extinción", indica la iniciativa. La intención es que el Estado pueda recuperar los bienes al margen de la condena que se imponga al responsable de los actos de corrupción. La extinción de dominio aplicará sobre los bienes que hayan sido usados como instrumento, medio o apoyo para cometer un ilícito. Algunos de los ex Gobernadores involucrados en escándalos de corrupción en los últimos años, como Javier Duarte (Veracruz), César Duarte (Chihuahua) y Roberto Borge (Quintana Roo), así como la ex lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo, fueron acusados de usar prestanombres para hacerse de propiedades. -- Reforma