La Auditoría Superior del Estado, inició las tareas de fiscalización de recursos del ejercicio 2022 en todos los entes auditables de San Luis Potosí; es decir, en los tres poderes del Estado, 7 organismos autónomos, 58 ayuntamientos y 44 organismos descentralizados. De esta manera, la ASE comenzó desde la semana pasada a requerir formalmente información sobre el manejo de recursos a todos los entes, y aunque esta situación haya ocasionado algunas quejas, la acción está justificada y respaldada por el artículo 16 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de San Luis Potosí.  Por otra parte, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, faculta a la Auditoría Superior del Estado para llevar a cabo las actividades de fiscalización; esto es, la verificación del destino de los recursos públicos en torno a su captación, recaudación, custodia, manejo, administración, ejecución, registro financiero y contable, desempeño de objetivos y apego a lineamientos. La información solicitada a los entes fiscalizables se considera de carácter preliminar y deberá ser puesta a disposición de la ASE, para determinar estrategias de planeación y los campos prioritarios a auditar en las cuentas públicas. Dicha información adquiere el carácter de reservada, tal y como se refiriera en las solicitudes, y la presentación de dicha documentación preliminar, no exime del cumplimiento de la presentación de la Cuenta Pública ante el H. Congreso del Estado de San Luis Potosí en el plazo establecido, es decir, el próximo 15 de marzo de 2023.  La Ley también indica que se podrá solicitar a las entidades, información del ejercicio en curso (2023), respecto de procesos concluidos, para la planeación de la fiscalización de las Cuentas Públicas, pues la ASE tiene la responsabilidad de generar un Plan Estratégico de Auditorías.