Al comparecer ante senadores, la secretaria del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, afirmó que la continuidad de los programas sociales está garantizada, ante la solidez de las finanzas públicas.

Precisó que la política social se financia mediante la recaudación fiscal sin recurrir a la deuda pública, con 1 billón de pesos de inversión social anual.

“El fortalecimiento responsable del ingreso tributario, el combate a la evasión, el aumento en la eficiencia recaudadora y la reducción del gasto corriente: garantizan la solidez financiera necesaria para dar continuidad a nuestros programas”, expresó.

Ante los integrantes de la Comisión de Bienestar, que preside el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, la funcionaria federal comentó que el gobierno busca la justicia social y la implementación de la prosperidad compartida.

En este sentido, puntualizó que los programas contribuyeron a que 13.4 millones de personas salieran de la pobreza de 2014 a 2018.

“El gobierno busca una justicia social y la implementación de la prosperidad compartida a través de las pensiones y de los distintos Programas para el Bienestar”, indicó.

La titular de la Secretaría del Bienestar destacó que es el Estado quien tiene el compromiso de promover el acceso efectivo a todos los derechos sociales.

Programas verificables

Leticia Ramírez Amaya señaló ante senadores que la aplicación de los programas sociales mantiene los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Dijo que el manejo de los recursos de programas sociales se realiza con transparencia y defendió el trabajo de los Servidores de la Nación.

“Cualquier persona puede verificar cómo se distribuyen los programas de bienestar y a quién son entregados”, aseguró.

Comentó que los recursos públicos llegan de manera correcta y sin intermediarios a quienes tienen derecho a recibirlos. “Es importante saber que ningún funcionario hace uso indebido de los programas.”

Personas beneficiadas

Al cierre de 2026, Ramírez Amaya expuso que los distintos programas sociales tienen 42.8 millones de derechohabientes mexicanos, 10.7 millones más que el año pasado, con una inversión social superior a un billón de pesos.

Señaló que la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un derecho constitucional que otorga 6 mil 400 pesos bimestrales a partir de los 65 años a más de 13.8 millones de personas con una inversión anual de 527 mil millones de pesos.

La Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, dijo, otorga 3 mil 300 pesos bimestrales a más de 2 millones de derechohabientes de cero a 29 años y se amplía hasta los 64 años en las 24 entidades que firmaron el convenio de universalidad, con una inversión anual de 36 mil millones de pesos.

El programa Pensión Mujeres Bienestar cuenta con 2.8 millones de derechohabientes, casi tres veces más que el año pasado y tiene una inversión social de 57 mil millones de pesos para mujeres de 60 a 64 años, en la cual se les otorga bimestralmente 3 mil 100 pesos de manera directa y sin intermediarios.

Leticia Ramírez comentó que el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas, Niños, Hijos de Madres Trabajadoras beneficia a 195 mil mujeres trabajadoras con una inversión anual de 3 mil 200 millones de pesos en beneficio de los niños de cero a un día antes de cumplir 4 años y de cero a 6 años en comunidades indígenas.

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Con información de Excélsior