California aprobó un paquete de 21 nuevas leyes que impedirá que los agentes del ICE operen incógnitos, en vehículos sin identificaciones oficiales ni en espacios públicos, se les responsabilizará si matan a alguien, y establecen un impuesto del 25 por ciento a las multimillonarias cárceles para migrantes, entre otras medidas.

Trump ha antepuesto sus intereses políticos a la salud, la seguridad y el bienestar de las familias estadounidenses. California está tomando medidas para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión en materia de control migratorio en nuestro estado”, dijo el gobernador Gavin Newsom.

Los agentes ya no podrán operar enmascarados, sin identificaciones, en autos civiles sin marcas ni usar guantes de descargas paralizantes, ni usar cortes estatales, estacionamientos o áreas propiedad de California a partir del primero de enero del 2027, de acuerdo con un protocolo estatal.

Cualquier persona podrá demandar civilmente a agentes del ICE y de la patrulla fronteriza si los oficiales violan sus derechos civiles dentro del territorio de California.

Se trata de asumir la responsabilidad donde el gobierno federal ha fallado a nuestras comunidades. Continuaremos protegiendo a nuestra gente, defendiendo el Estado de derecho y dejando claro que, si el gobierno federal opera en California, le exigiremos responsabilidades”, agregó el gobernador.

La fiscalía estatal de California va a investigar cualquier caso de abuso y a procesar a agentes si hay muertes producto de operaciones del ICE.

Los multimillonarios centros de detenciones, las cárceles privadas para las que el ICE debe cumplir cuotas de detenciones, tendrán que pagar un impuesto de 25 por ciento de sus ganancias anuales a California, y cualquier intento de abrir nuevas cáceles de ese tipo deberá contar con el apoyo de las comunidades del área.

Las nuevas leyes también establecen mayores estándares de salud y seguridad dentro de los centros de detenciones, para garantizar acceso a atención médica adecuada, agua limpia y alimentos saludables. También amplía el poder de la Fiscalía del estado para realizar inspecciones y revisiones anuales en estas instalaciones privadas.

El gobierno federal no respondió a lo inmediato al nuevo paquete de leyes de California. La iniciativa podría tener réplicas en otros estados.

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Con información de Excélsior