Poco más del 70 por ciento de las agresiones a víctimas en el marco del actual proceso electoral se concentra en candidatos o aspirantes a puestos de elección en el ámbito municipal, el factor de riesgo aumenta cuando se trata de municipios en disputa por grupos delincuenciales, señaló Armando Vargas, consultor en la Unidad de Riesgo Político de Integralia Consultores en entrevista para “Así las cosas en el Bajío”. “Podríamos decir que es un factor de riesgo en sí mismo, competir por un cargo a elección municipal, sobre todo en presidencias municipales. Este factor de riesgo se vuelve más importante sobre todo cuando son municipios que están siendo disputados por grupos criminales (…) sin lugar a dudas, los actores municipales son las principales víctimas de la violencia en este proceso”, sostuvo. Señaló que, de acuerdo con la segunda actualización del Reporte de Violencia Política elaborado por esta empresa, el de este año se ha convertido con 399 víctimas, en el proceso electoral más violento en la historia de la democracia mexicana en lo que se refiere a la intervención del crimen en los procesos electorales a través de la violencia. Precisó que, de septiembre del 2023 al 1 de abril de este año, Integralia ha registrado un promedio diario de 1.8 víctimas, es decir, de mantenerse la tendencia, es probable que, desde ahora al día de la elección “el proceso electoral cierre con más de 500 víctimas”. Puntualizó que el problema de la violencia se concentra en el Centro y en el Occidente del país, particularmente en cinco entidades: Guerrero con 73 víctimas, Michoacán con 56, Morelos con 36, Chiapas con 34 y Jalisco con 32. Ante esta situación, admitió que ve una estrategia bastante fallida en términos electorales, agregó que el problema de todo esto es que la violencia política queda banalizada “en medio de una disputa mezquina por el poder”. “Estamos viendo una reacción muy lenta y muy desafortunada de las instituciones de seguridad pública en los tres niveles de gobierno. No digo de las instituciones electorales porque su función esencial es contar votos, el tema de la seguridad recae sobre los ejecutivos y sobre las secretarías de Seguridad Pública, sobre fiscalías y procuradurías de Justicia”. El consultor reconoció que la violencia será un factor que inhibirá la participación en la votación en ciertos territorios; aunque consideró que esta será la generalidad, es probable que en algunos territorios haya una alta participación ciudadana por dos motivos, uno, que se ejerza un “voto de castigo” en contra de la inseguridad y segundo, esto podría ser debido a que “el crimen organizado movilice sus estructuras para obligar la participación ciudadana”. Finalmente, aclaró que si bien, el problema de la violencia ha arreciado sobre todo en algunos territorios y entidades, no es una situación que se encuentre en prácticamente toda la República. “Hay territorios donde la democracia es muy funcional y cumple con su cometido, en algunos de Querétaro, la Ciudad de México, Puebla, Yucatán”, comentó.