La Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí (CEDH) informó que después del motín del 14 de marzo, según lo atestiguado por las y los visitadores presentes y al seguimiento de información vertida por medios de comunicación locales, se iniciaron quejas de oficio ante la existencia de presuntas violaciones a derechos humanos en agravio de población privada de la libertad, así como en agravio de agentes adscritos a la Guardia Civil del Estado. La Comisión solicitó a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social medidas precautorias con fin de proteger los derechos humanos de las posibles víctimas y evitar daños irreparables, las cuales fueron aceptadas en el sentido de garantizar la integridad física y emocional de la población privada la libertad, brindar atención médica a las personas que así lo requirieran derivado de los hechos consignados, garantizar la estancia digna y segura de la población, se atendieran e informaran a los familiares de las personas privadas de la libertad sobre las condiciones en las que se encontraban y se investigue ampliamente las causas que generaron los actos de violencia.

Con respecto a los elementos de la Guardia Civil se solicitó que de efectuarse nuevas intervenciones, éstas se efectúen teniendo en cuenta la detección y análisis de activos para la seguridad del lugar, la localización de posibles amenazas y la evaluación de riesgo. Igualmente y ante el fallecimiento de efectivos policiales en cumplimiento de su deber, se solicitó la coordinación institucional para que en términos de la Ley de Atención a Víctimas para el estado de San Luis Potosí se brinde a los familiares la atención pertinente con motivo a los hechos. Derivado del levantamiento de quejas, la CEDH aperturó los expedientes correspondientes con el fin de llevar a cabo una exhaustiva investigación de los hechos a fin de determinar posibles violaciones al derecho a la vida, al trato digno, seguridad personal, a la legalidad, uso arbitrario de la fuerza o de armas letales y no letales y a los derechos de las personas privadas de su libertad, para de esta forma determinar la emisión de Recomendaciones a la autoridad.