Las prácticas y costumbres de pueblos originarios nunca deben estar por encima de los derechos humanos, la libertad y el libre desarrollo de las niñas y mujeres indígenas, aseguró Geovanna Bañuelos al fundamentar a favor del dictamen que prohíbe la cohabitación forzada de menores de edad.

En tribuna, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo celebró que con la reforma aprobada por unanimidad con 90 votos a favor, se tipifica el delito de cohabitación forzada de menores de edad o de quienes no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo.

“Es decir, se castigará a quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a una o varias personas con las características anteriores a unirse informal o consuetudinariamente, con o sin su consentimiento, con otra persona, con el fin de convivir en forma constante y equiparable a la de un matrimonio”.

Geovanna Bañuelos informó que con la aprobación se impondrá al responsable de este delito una pena de ocho a quince años de prisión y de mil a dos mil quinientos días multa.

La líder petista lamentó que la realidad muestra que existen niñas y adolescentes obligadas al matrimonio forzado; de acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda realizado por el Inegi más de 230 mil mujeres de entre 12 y 17 años a nivel nacional se encontraban casadas o unidas en 2020, lo cual corresponde al 3.7% de la población femenina de dicho rango de edad.

En Chiapas, Guerrero, Michoacán y Tabasco el matrimonio o la unión entre las mujeres de 12 a 17 años era un fenómeno más frecuente, ya que una de cada 20 mujeres adolescentes en la entidad, de entre 12 y 17 años, se encontraba casada o unida en 2020.

La líder petista recordó que en octubre de 2021, presentó una iniciativa similar para prohibir el matrimonio forzado incluso si por encima de los usos y costumbres de pueblos originarios.

“Como legisladores federales tenemos el deber de impulsar las reformas que nos ayuden a eliminar las prácticas que atentan contra el interés superior de la niñez”, sostuvo Geovanna Bañuelos.

Y destacó que el matrimonio forzado de personas menores de edad atenta contra su dignidad y libertad; vulnera totalmente sus derechos fundamentales, así como su formación y desarrollo integral.

“No existe justificación alguna para las prácticas de matrimonio forzado o la cohabitación forzada. Debemos condenar su prevalencia, sin importar que se esgrima el amparo de los usos y costumbres, como se realiza en diversas entidades del país”, apuntó

Finalmente, informó que las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, tienen un compromiso con la defensa, la solidaridad y la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del país.