A propuesta de la diputada Liliana Flores Almazán, la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable aprobó la adición al Código Penal del Estado, con el fin de incluir el delito de autorización indebida de ocupación de suelo. De esta manera, se incorpora en el artículo 308, relacionado con los delitos contra el desarrollo territorial sustentable, a quien propicie, permita o autorice “cualquier acto de ocupación irregular de áreas y predios en los centros de población, o de asentamiento humano o construcción, en polígonos de protección, salvaguarda y amortiguamiento en torno a la infraestructura o equipamientos de seguridad nacional o de protección en derechos de vía, o zonas federales, o bien no respetar la definición de área urbanizable”. Estos delitos se sancionan con seis meses a cinco años de prisión y sanción pecuniaria de mil a 3 mil días del valor de la unidad de medida y actualización, a quien sin contar con la autorización municipal que los ordenamientos correspondientes exijan. La legisladora Flores Almazán señaló que con esta reforma, se busca establecer responsabilidad a quienes incitan para tomar posesión de predios y establecer viviendas, que en muchas ocasiones se encuentran en zonas de riesgo. “Puede ser hasta en contra de las mismas familias que van ahí, buscando un espacio, una vivienda, que incluso puedan estar poniéndose en riesgo. Esta iniciativa va encaminada a precisamente al ordenamiento urbano, al crecimiento de los de los municipios en orden y en beneficio de la misma ciudadanía”. Precisó que es importante que los ayuntamientos fortalezcan sus direcciones de planeación, precisamente para establecer un orden urbanístico, una mejor atención y servicios básicos para la población. “Muchas veces esos asentamientos irregulares propician malestar para los mismos ayuntamientos, porque quizás son zonas inundables, son zonas de alto riesgo, son zonas que por estas simples características no van a poder contar quienes las habitan con escrituras”.