La propuesta de reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum contempla, entre otros puntos, una reducción de hasta 25 por ciento en el financiamiento público destinado a partidos políticos. De aprobarse en los términos planteados, la medida tendría efectos directos en los recursos asignados en las entidades federativas, incluido San Luis Potosí. De acuerdo con los montos aprobados por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí (Ceepac) para el ejercicio fiscal 2026, el financiamiento público para actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos en la entidad asciende a 165 millones 811 mil 863 pesos. Si se aplicara una reducción del 25 por ciento como plantea la iniciativa presidencial, el monto total para este rubro en San Luis Potosí disminuiría a aproximadamente 124.3 millones de pesos, lo que representaría un ajuste cercano a 41.5 millones de pesos menos en comparación con lo aprobado actualmente. En términos individuales, el impacto sería el siguiente: El PAN pasaría de 27.55 millones de pesos a cerca de 20.66 millones.

El PRI bajaría de 18.21 millones a alrededor de 13.66 millones.

El PVEM, que actualmente cuenta con 45.76 millones, se reduciría a aproximadamente 34.32 millones.

El PT pasaría de 10.96 millones a 8.22 millones.

Movimiento Ciudadano disminuiría de 16.99 millones a cerca de 12.74 millones.

Morena bajaría de 33.66 millones a aproximadamente 25.25 millones.

El partido local PNASLP pasaría de 12.65 millones a alrededor de 9.49 millones.

El financiamiento público en San Luis Potosí se calcula con base en la votación obtenida en el proceso electoral anterior, aplicando una fórmula de 30 por ciento igualitario y 70 por ciento proporcional a los votos recibidos. La eventual reducción presupuestal forma parte de un paquete más amplio de cambios planteados en la reforma electoral federal, que busca generar ahorros en el sistema político-electoral. No obstante, la propuesta aún debe discutirse y aprobarse en el Congreso de la Unión, por lo que cualquier impacto en los presupuestos estatales dependerá de la redacción final y de los lineamientos que se establezcan para su aplicación.