“Congelar cuentas dejará sin empleo a muchas personas”, esto fue lo que denunció Ana María Abascal, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en San Luis Potosí, tras la discusión sobre la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear cuentas bancarias con supuestas actividades sospechosas.

Abascal no solo comentó las afectaciones de manera desproporcionada a la micro, mediana y pequeña empresa, sino que al imposibilitar la liquidez diaria, se dejan a miles de familias desprotegidas al no poder contar con sus ingresos en pagos nominales.

Se estima que para poder aclarar y desbloquear una cuenta congelada, el proceso podría tomar entre 2 meses y más de un año, además de un extenso proceso jurídico. “No tenemos liquidez para estar contratando abogados [...] si a ti como empresa te congelan tres meses, mueres”, afirmó Ana María.

La presidenta de Coparmex señaló que para implementar esta medida es necesario que se defina con claridad los supuestos que justifiquen un bloqueo de cuentas, establecer un control judicial previo, garantizar la notificación inmediata al propietario de la cuenta, crear un régimen de responsabilidad e incorporar criterios de transparencia.

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Este escenario también debilita el estado de derecho en México, pues trae complicaciones en la confianza de posibles inversionistas. Abascal exhortó al poder legislativo y a las autoridades que regulan para que llenen los vacíos de la norma regulatoria: “es importantísimo combatir la ilegalidad, pero debe ir de la mano con la seguridad política”.