La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, inauguró este miércoles una prisión de máxima seguridad inspirada en la megacárcel de El Salvador, símbolo de la guerra antipandillas del mandatario Nayib Bukele y muy cuestionada por organizaciones defensoras de los derechos humanos.

En el pasillo de uno de los módulos, entre hileras de celdas, Fernández presentó el presidio como muestra de su "mano dura" contra los criminales, sobre todo del narcotráfico que disparó la violencia en este país que fue por décadas uno de los más seguros de América Latina.

"Estamos marcando un antes y un después en Costa Rica en la seguridad penitenciaria y en la seguridad nacional (...) Vamos a ejercer mano dura porque 'el que la hace la paga'", subrayó la mandataria, una entusiasta de la política de seguridad de Bukele.

El Centro de Alta Contención Contra el Crimen Organizado (Cacco), a donde serán trasladados los primeros reos a fin de mes, está ubicado dentro del complejo penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela, unos 20 km al noroeste de San José.

Fernández viajará el viernes a El Salvador para conocer el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel de Bukele, quien participó en enero en el inicio de las obras y cuyo gobierno colaboró con el diseño del penal.

"Quiero aprender todo lo que se pueda del modelo penitenciario que devolvió la paz a un pueblo azotado durante décadas por la violencia criminal", dijo Fernández en la actividad a la que asistieron los ministros salvadoreños Gustavo Villatoro (Seguridad) y René Merino (Defensa).

El Cacco, de cinco módulos con 17 celdas de 90 m2 y capacidad para 60 reos cada una, recluirá a 5 mil 100 presos. Solo tendrán una hora de sol al día, no podrán tener objetos personales, llevarán uniformes naranja y tendrán un régimen muy restringido de visitas.

Opositores y activistas sociales critican que Costa Rica, con fama internacional de respeto a derechos humanos, imite el modelo de seguridad salvadoreño que según un grupo de expertos de la ONU ha derivado en crímenes de lesa humanidad.

La guerra antipandillas de Bukele está amparada en un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial. En cuatro años ha encarcelado a 93.000 personas.

Según la organización humanitaria salvadoreña Socorro Jurídico, una tercera parte son inocentes y más de 500 han fallecido bajo custodia estatal.

Fernández aseguró que respetará los derechos humanos y, en un abierto enfrentamiento con el poder judicial, arremetió contra jueces y fiscales que, según ella, son blandos con los delincuentes.

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Con información de Excélsior