La reciente presentación del Plan Hídrico Estatal ha generado cuestionamientos desde el ámbito ambiental y jurídico. Integrantes de la colectiva “Voceras de la Madre Tierra”, entre ellas la exlegisladora y especialista en materia hídrica Mary Ibarra, así como la ambientalista Lorenia Trueba, señalaron que el documento presenta inconsistencias legales, omisiones técnicas y carece de un proceso real de participación ciudadana. En entrevista para WRadio, Ibarra explicó que la primera irregularidad radica en el origen mismo del documento. De acuerdo con la Ley para la Prestación del Servicio Público de Agua Potable en el estado, la responsabilidad de elaborar y aprobar el Programa Hídrico Estatal corresponde a la Comisión Estatal de Aguas (CEA), específicamente a su Consejo Directivo, considerado su máximo órgano. Sin embargo, el documento fue elaborado por el Consejo Consultivo del Agua, cuya presidencia e integrantes son designados por el gobernador a propuesta del titular de la CEA. “El Consejo Consultivo, como su nombre lo indica, es un órgano de apoyo técnico y legal, no tiene facultades para elaborar el programa hídrico. La ley es muy clara en que esa responsabilidad recae en la Comisión Estatal de Aguas”, puntualizó Ibarra. Además, cuestionó que el plan haya sido presentado públicamente en un evento oficial cuando, según declaraciones posteriores de sus promotores, aún no está concluido. “La propia ruta de trabajo señala validación y aprobación, pero en el documento no se precisa cuándo fue aprobado por el Consejo Directivo ni si este órgano delegó formalmente la responsabilidad”, subrayó. A las observaciones legales se suman señalamientos técnicos. Lorenia Trueba advirtió que el documento no parte de un diagnóstico integral con enfoque territorial y ambiental, como lo establece la Ley de Aguas Nacionales y el Programa Nacional Hídrico. “La planeación hídrica debe hacerse desde la lógica de cuencas, no desde una visión administrativa o centralista. No es lo mismo planear en el norte, en el sur o en el centro del país. Se debe partir de las condiciones reales de cada cuenca”, explicó. Entre los vacíos detectados, destacó la ausencia de datos precisos sobre la sobreexplotación de acuíferos en el estado, problemática que ha obligado incluso a perforaciones en zonas de riesgo en la Sierra Gorda. También cuestionó la falta de información clara sobre el funcionamiento de las plantas de tratamiento: “Se menciona que hay más de 100 plantas, pero no se dice cuántas operan, quién las administra ni cuánto se les ha invertido”. Trueba añadió que el documento enumera “necesidades, problemáticas y retos”, pero sin un diagnóstico cuantitativo que permita evaluar la magnitud real de la crisis hídrica. “Lo que no se mide no se puede evaluar. Si no hay cifras claras, no hay manera de diseñar estrategias acordes a la realidad”, enfatizó. Otro punto crítico es la participación ciudadana. Ibarra recordó que en Querétaro existe una estructura formal de consejos temáticos creados para asesorar al Ejecutivo estatal, entre ellos el Consejo de Participación Ciudadana en Medio Ambiente, del cual forma parte. No obstante, el proyecto no fue presentado ante estos órganos. Asimismo, señaló que el Acuerdo de Escazú —tratado internacional ratificado por México— obliga a garantizar la participación ciudadana desde las etapas iniciales de planeación en asuntos ambientales. “No es un tema de buena voluntad, es una obligación. La participación debe ser temprana, informada y con estándares claros”, afirmó. Las especialistas también vincularon el debate hídrico con la llegada de industrias de alto consumo de agua, como los centros de datos (data centers), cuya instalación en el estado ha generado interés internacional debido al contexto de estrés hídrico que enfrenta la entidad. “En un estado con escasez, la pregunta es cómo se toman estas decisiones sin un diagnóstico integral”, señalaron. Finalmente, las integrantes de la colectiva manifestaron su disposición a dialogar y aportar técnicamente para enriquecer el documento, siempre que se abra un proceso formal y transparente de revisión. “El tema del agua no admite improvisaciones. Es un asunto de seguridad ambiental y de derechos humanos”, concluyeron.