La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, promulgó la ley de amnistía general, que poco antes aprobó la Asamblea Nacional y que debe traducirse en la liberación de centenares de presos políticos. Rodríguez firmó el documento en el palacio presidencial de Miraflores. "Hay que saber pedir perdón y hay que saber también recibir perdón", dijo Rodríguez desde el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, constató la AFP.

La norma fue respaldada por unanimidad, en medio de expectativas, críticas y escenas de tensión protagonizadas por familiares que durante semanas exigieron excarcelaciones frente a centros de reclusión en Caracas. La ley pasa ahora a la presidenta interina, Delcy Rodríguez, quien asumió el poder en enero tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense.

Desde el 8 de enero el gobierno interino había iniciado un proceso de liberaciones que, según Foro Penal, ha dejado 448 opositores en libertad condicional, aunque 644 permanecen detenidos.

Una amnistía amplia, pero con límites polémicos La aprobación estuvo precedida por intensas negociaciones. La sesión comenzó con más de dos horas de retraso debido a debates sobre el alcance de los artículos más sensibles. El texto final contempla amnistía por hechos vinculados con protestas políticas, procesos electorales y “acciones violentas” ocurridas en distintos momentos entre 2002 y 2025. El artículo 8 enumera 13 hitos específicos del período chavista, desde el golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002 hasta las protestas contra la reelección de Maduro en 2024. Para organizaciones de derechos humanos, esta delimitación temporal deja vacíos. "Ya eso por sí mismo es excluyente y desconoce que la persecución ha sido continua”, dijo a la AFP el vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob. El artículo 9 excluye a quienes hayan promovido o participado en “acciones armadas o de fuerza” contra la soberanía nacional con apoyo de actores extranjeros. La disposición podría afectar a dirigentes opositores señalados por el oficialismo de solicitar intervenciones externas, entre ellos María Corina Machado, quien se encuentra en Estados Unidos tras pasar más de un año en la clandestinidad.

La ley tampoco aplica a condenados por violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra, asesinato, narcotráfico o corrupción, ni revoca inhabilitaciones políticas o sanciones contra medios de comunicación. Tampoco restituye bienes confiscados. Sin embargo, permite que personas en el exilio designen un apoderado para solicitar la amnistía, aunque deberán comparecer personalmente ante un tribunal en Venezuela para que se concrete el beneficio. Según el texto, los jueces tendrán un plazo de 15 días para decidir. "Luego de presentar la solicitud de amnistía, la persona no podrá ser privada de libertad por los hechos previstos en esta ley y deberá comparecer personalmente ante el tribunal competente a fines del otorgamiento de la amnistía”, establece la norma.

Entre la esperanza y la protesta frente a las cárceles Mientras el Parlamento debatía, decenas de familiares aguardaban noticias frente a centros de detención como el Helicoide y la comisaría conocida como Zona 7. Una decena de mujeres inició el 14 de febrero una huelga de hambre en reclamo de la liberación de sus allegados; tras la aprobación de la ley, la mayoría levantó la protesta. Sandra Rosales, esposa de un policía detenido, explicó su decisión de abandonar la huelga por razones médicas:  “Me he retirado (de la huelga) porque era responsable de mi salud, pero que me unía igualito a mantenerme en el campamento, a seguir haciéndole apoyo porque necesitamos mantenernos unidos”. Rosales afirmó que a su esposo solo le permitieron una visita desde su arresto en noviembre y sostuvo que es inocente. “Queremos es la libertad”, añadió. El fiscal general, Tarek Saab, defendió la iniciativa al señalar que espera que contribuya a “un país 100 por ciento pacificado”, aunque reiteró que en Venezuela no existen presos políticos, sino personas que cometieron delitos.

Desde la oposición, la diputada Nora Bracho calificó la ley como un avance imperfecto pero necesario.  "No es perfecta, pero sin duda es un gran avance para la reconciliación de Venezuela”, afirmó. Al cierre del debate, Jorge Rodríguez reflexionó sobre el contexto que llevó a la aprobación. “Lo único que lamento es que hayan tenido que darse hechos tan lamentables y catastróficos para que todas y todos busquemos y promovamos la hermandad, la unión y la paz de la República”, dijo. “También se aprende de los dolores”, remató. La amnistía forma parte de una agenda más amplia que incluye reformas económicas y un giro en la relación con Estados Unidos. Mientras organizaciones de derechos humanos advierten que la norma es restrictiva, cientos de familias mantienen la esperanza de que marque el inicio de una etapa distinta tras años de confrontación política. Con información de Excélsior.