LA INFORMALIDAD Y EL SUEÑO LEJANO DE UNA CASA PROPIA. La posibilidad de tener una casa propia se ha vuelto un lujo inalcanzable para millones de mexicanos que trabajan día a día en la informalidad. Y no es porque no quieran tener acceso a créditos o buscar una mejor calidad de vida, sino porque el sistema no les deja. Como bien señala la AMPI, más de la mitad de la población económicamente activa está en la informalidad, lo que significa vivir sin recibos de nómina, sin prestaciones, sin historial crediticio… y, por tanto, sin forma de aspirar a un crédito hipotecario. Es como si el país castigara a quienes, a pesar de no estar en la economía formal, mueven buena parte de la maquinaria que sostiene los servicios, el comercio y hasta la construcción misma. Lo más preocupante es que el precio de una vivienda digna no baja de un millón 800 mil pesos, pero millones de personas ganan menos de dos salarios mínimos. ¿Cómo se supone que junten un enganche o, peor aún, que puedan pagar mensualmente lo que exige un crédito? La brecha entre ingresos reales y costos de vivienda es brutal. Y como si eso no fuera suficiente, los trámites para construir casas nuevas son tan lentos y engorrosos que desalientan la inversión.  Si queremos que más mexicanos tengan acceso a una vivienda digna, urge replantear cómo se puede incluir a quienes están en la informalidad. La vivienda no puede ser un privilegio, debe ser un derecho real, alcanzable y con procesos que estén a la altura de las necesidades de la gente.