Este lunes 9 de noviembre, la parálisis institucional tocó a las puertas del Instituto Nacional Electoral (INE) en San Luis Potosí. La suspensión de actividades en 13 de los 21 Módulos de Atención Ciudadana (MAC) de la entidad, sumándose a un paro nacional coordinado, expone una grieta profunda en la estructura operacional del organismo que presume ser el custodio de la democracia mexicana.

La demanda de los trabajadores es simple y justa: mejoras salariales y laborales dignas. Durante décadas, el INE ha sido defendido en la arena pública como una institución de excelencia, garantista y profesional. Sin embargo, resulta contradictorio que el órgano encargado de arbitrar la justicia electoral mantenga a su personal de primera línea —aquel que atiende cara a cara al ciudadano y procesa la identidad de millones de mexicanos— bajo condiciones laborales precarizadas o rezagadas frente a la realidad económica del país.

El derecho del ciudadano a obtener su credencial y el derecho de la plantilla a recibir un trato laboral equitativo no deben estar en pugna.