La velocidad con la que el Congreso del Estado procesó reformas de alto impacto vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta: ¿realmente existe disposición para discutir, analizar y construir consensos, o la prioridad es sacar adelante los dictámenes antes de que alguien pueda cuestionarlos?

La bancada de Morena denunció irregularidades en la dictaminación de las reformas aprobadas durante la sesión extraordinaria, particularmente en los cambios a los requisitos para ocupar la titularidad de la Fiscalía General del Estado y en la legislación electoral. El señalamiento no es menor, pues se trata de modificaciones que pueden tener consecuencias importantes para la vida institucional y democrática de San Luis Potosí.

Durante la discusión, el diputado Luis Emilio Rosas Montiel cuestionó que una reforma constitucional de esta naturaleza fuera llevada al pleno con tanta premura. Y ahí está precisamente el punto: una reforma constitucional no debería medirse por la rapidez con la que se aprueba, sino por la calidad del análisis que la precede.

El Congreso tiene la responsabilidad de revisar cada implicación jurídica, escuchar posturas distintas, corregir inconsistencias y, sobre todo, construir acuerdos. Cuando alguno de esos pasos se omite, el Poder Legislativo corre el riesgo de convertir la mayoría de votos en sustituto del consenso.

Las reformas pueden ser necesarias y hasta urgentes, pero la urgencia no debería convertirse en una excusa para legislar al vapor. Si existen dudas técnicas, falta de tiempo para revisar los dictámenes o ausencia de diálogo entre las fuerzas políticas, lo responsable sería detenerse y corregir el rumbo.