Hay números que tranquilizan y números que incomodan. El anuncio de que en territorio potosino se redujeron casi 70 por ciento los homicidios, desde su pico de 2020, pertenece a ambas categorías. A simple vista, la cifra invita al aplauso: menos muertos, menor tasa que el promedio nacional y un cierre de año que parece de otro estado. El problema es que los números, cuando se miran solos, también saben mentir sin decir una sola palabra.

San Luis Potosí dejó de ser el centro del huracán. Mientras otros estados concentran hoy la presión criminal, aquí la tormenta parece haberse movido unos kilómetros más allá. La violencia se desplaza como mercancía incómoda; no se destruye, se reubica. Y cuando eso pasa, las estadísticas locales mejoran, aunque el problema siga vivo en el mapa regional y nacional.

Hay otro factor menos glamuroso, pero igual de real. Comparar datos contra un pico histórico siempre hace lucir mejor el descenso. El 2020 fue una anomalía brutal y cualquier cosa que viniera después iba a verse como mejora. A eso sume cambios en la forma de delinquir, rezagos en registros, reclasificaciones temporales y una sociedad que, con el tiempo, se acostumbra a convivir con ciertas violencias sin denunciarlas ni exigirles nombre propio.

La pregunta incómoda no es si hay menos homicidios, sino qué tipo de violencia quedó fuera de la foto. ¿Cuántas amenazas, extorsiones o desapariciones no entran en ese conteo? ¿A quién le conviene presumir que el indicador baja, aunque la realidad sea más compleja? Celebrar el dato es válido; pero venderlo como victoria definitiva, no. Porque la verdadera prueba no es mantener cifras bonitas, sino evitar que la calma sea solo el silencio previo a otro pico.

La evidencia apunta a una combinación de factores, y el verdadero reto no es solo mantener la cifra baja, sino determinar si la violencia fue contenida, transformada o simplemente desplazada, y principalmente si la mejora estadística se traduce en una percepción real y sostenible de seguridad para la población.