Con las celebraciones por San Judas Tadeo en puerta, la policía de la Capital anunció un operativo permanente para frenar el incremento de bailes clandestinos. El argumento oficial es claro: evitar riñas, accidentes y eventos sin permisos que ponen en riesgo a la población. Lo que no se dice con tanta claridad es que la misma corporación encargada de imponer el orden, enfrenta señalamientos por presunto abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza. ¿Entonces quién garantiza que los operativos se ejecuten con respeto a los derechos humanos? En solo unas semanas, han salido a la luz casos de policías durmiendo en patrullas, otros con bebidas (al parecer embriagantes) dentro de las unidades, y uno más, también registrado en video, en el que se observa una presunta agresión a dos menores en la colonia Wenceslao. A esto se suma una denuncia por violencia verbal y física contra un joven interceptado sin motivo aparente. Todo mientras el municipio presume nuevas patrullas con inteligencia artificial, pero sin detallar si cuentan con mecanismos de videograbación que ayuden a esclarecer hechos como estos. El reto no está solo en aplicar el Bando de Policía y Gobierno, sino en reconstruir una relación (bastante dañada) con la sociedad basada en la confianza y la legalidad. El orden público sí importa, pero no a costa de la dignidad ciudadana. Y en tiempos donde todo queda grabado, el verdadero operativo debería ser hacia adentro: revisar protocolos, sancionar excesos y entender que cuidar no es lo mismo que controlar. La pregunta sigue en el aire: ¿Quién vigila a los que vigilan?