AMARGO SABOR. Hay iniciativas que suenan bien… hasta que las lees dos veces. La propuesta del diputado Héctor Serrano para “regular el uso malicioso de la inteligencia artificial” parece, en el papel, una defensa de la verdad y la seguridad digital. Pero, entre líneas, deja un sabor amargo: el del control. Porque mientras el legislador dice querer “proteger a la ciudadanía de la desinformación”, el proyecto guarda un detalle crucial al convertir al Estado en la principal víctima del delito, no a los ciudadanos. Y cuando el poder se ampara como víctima por ley, lo siguiente suele ser criminalizar la crítica.

LO QUE NO SUENA LÓGICO. El debate no es sobre deepfakes, que son una clase muy elaborada de medios sintéticos que utilizan técnicas de IA y aprendizaje automático para fabricar o manipular audio, vídeo, imágenes o audios falsos, eso ya está penado, sino sobre quién decide qué es “alarmar a la sociedad” o “distorsionar la realidad”. Con definiciones tan amplias, cualquier video, reportaje o meme que incomode a un político podría terminar bajo sospecha.

Hoy nos dicen que buscan frenar la desinformación; mañana, que fue “por seguridad” que callaron una voz crítica. La pregunta que vale hacerse es simple: ¿realmente quieren proteger a la ciudadanía del mal uso de la IA, o protegerse de lo que la gente podría decir con el uso de ella?

REFORMA ELECTORAL. Los foros de la reforma electoral cambiaron de fecha, así abruptamente, a San Luis Potosí le tocaba la fecha del 28 de noviembre, y se adelantó 23 días.

Sin convocar a medios de comunicación, asociaciones civiles, y expertos académicos se realizaron.

Falta ver qué propuestas recogen de San Luis Potosí, un estado que fue precursor de la democracia antes de la 4T.