Recientemente, el Cabildo del Gobierno Municipal de San Luis Potosí aprobó el proyecto de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2025, donde se consideró la generación de un nuevo cobro para los capitalinos: el cobro por el Derecho de Alumbrado Público (DAP), sin embargo, un gran número de las diputadas y diputados del Congreso del Estado están en desacuerdo con la propuesta.

La diputada Sara Rocha Medina, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), declaró que es entendible el aumento de impuestos a los municipios, siempre y cuando sean argumentados y no en exceso. En este caso específico del Ayuntamiento de la Capital, la priista no está de acuerdo; “debemos de ir con el tema del alza con el tema de nuestra realidad económica que vive nuestro país y el estado, sobre todo San Luis Potosí, porque ustedes mejor que nadie saben que hay dos San Luis Capital”.

Por parte de Morena, el legislador Carlos Arreola Mallol se declaró totalmente en contra a los aumentos de las tarifas “al pueblo”, asegurando que es un escenario distinto cuando los municipios buscan incrementar algún tipo de tributación en la ciudadanía tomando en cuenta el gasto inflacionario; “es un tema que nuestro propio estatuto de Morena nos lo prohíbe, nuestra propia presidenta (Sheinbaum) vino a dejarnos un decálogo donde no podemos aumentarle los impuestos a la gente”.

En cuanto al representante legislativo de Movimiento Ciudadano (MC), Marco Antonio Gama Basarte considera que el cobro por DAP no está dentro de los parámetros reconocibles como un ingreso propio para el Ayuntamiento de San Luis Potosí. Incluso, el diputado de MC señaló que esta propuesta está fuera del sentido común de la actualidad con lo que se debe ejercer desde una administración municipal; “se estarían generando dos pagos, el que hacemos todos los ciudadanos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y ahora al Ayuntamiento”.

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Por último, los diputados Marcelino Rivera Hernández y Héctor Serrano Cortés, del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), coincidieron en esperar a que la propuesta realizada en la Ley de ingresos 2025 del Gobierno Municipal capitalino transite primero en las comisiones correspondientes, sea evaluada y, posteriormente, en sesión del Pleno se tome la decisión de aprobar o desechar el cobro del alumbrado público.