Será, a más tardar, el último día de este febrero cuando los entes obligados deberán entregar su Cuenta Pública, el procedimiento marca que “los entes auditables entreguen su Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025 al Congreso del Estado, vía la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización… Entes públicos: no se retrasen y mucho menos sean omisos”, exhortó el titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, a los funcionarios públicos obligados.

Recalcó además que de no entregar el documento que contiene la información contable, presupuestaria, programática y complementaria que integran los entes públicos, los funcionarios responsables estarían cometiendo el delito de ejercicio ilícito de las funciones públicas, pues infringe este mandato de ley, quien teniendo la obligación de presentar la Cuenta Pública, omite hacerlo.

Lo anterior, conforme a lo establecido por el Código Penal del Estado, que castiga con pena de hasta siete años de prisión, destitución e inhabilitación del doble de la pena de prisión para desempeñar otro cargo público, y multa de hasta 700 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. “El funcionario omiso, se arriesga a interrumpir su carrera en la administración pública durante años e incluso a perderla”, señaló Rodrigo Lecourtois.

Asimismo, es sancionable la negativa a entregar información y los actos de simulación que se presenten para entorpecer y obstaculizar la actividad fiscalizadora, conforme lo dicta la Ley de Responsabilidades y leyes penales. De igual manera, en caso de que los servidores públicos y las personas físicas y morales, públicas o privadas, aporten información falsa, serán sancionados penalmente conforme a lo previsto por el Código Penal citado.

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