Washington amplió su ofensiva contra las redes de contrabando de combustible vinculadas al crimen organizado ahora que la Embajada de Estados Unidos en México difundió una nueva acción del Departamento del Tesoro contra operadores de robo y contrabando de combustible ligados a un grupo criminal. La señal política y financiera es contundente: para Washington, el huachicol fiscal dejó de ser únicamente un delito energético o aduanero mexicano; ahora forma parte de una arquitectura de financiamiento criminal que puede alcanzar a comercializadoras, transportistas, intermediarios, empresas fachada, operadores financieros y vendedores finales. El Departamento del Tesoro informó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, sancionó a dos ciudadanos mexicanos y nueve entidades por su presunta participación en esquemas de contrabando de combustible vinculados al crimen organizado, mediante operaciones transfronterizas, documentos aduanales falsos y empresas fachada para evadir impuestos mexicanos y generar recursos para el cartel. De forma paralela, FinCEN emitió una alerta a instituciones financieras para detectar operaciones sospechosas relacionadas con huachicol fiscal en la frontera sur de Estados Unidos.   El cambio de escala es relevante. Ya no se trata sólo de ubicar pipas, ductos, tomas clandestinas o decomisos aislados. La nueva ruta de investigación apunta al flujo completo: quién compra, quién importa, quién factura, quién transporta, quién almacena, quién lava, quién distribuye y quién vende. En otras palabras, Estados Unidos está siguiendo la cadena de valor del combustible ilegal, desde las cabezas financieras hasta el último eslabón comercial que permite que el producto llegue al mercado. FinCEN describe el huachicol fiscal como la evasión de impuestos mexicanos sobre combustible introducido ilícitamente desde Estados Unidos hacia México. La alerta señala que estas redes utilizan gasolina, diésel, nafta y otros combustibles, y que este mercado ilícito se ha convertido, junto con el robo tradicional de combustible, en la fuente de ingresos no relacionada con drogas más importante para los cárteles mexicanos.   La alerta también advierte que los cárteles estarían utilizando comercializadoras mexicanas con permisos para comprar y vender combustible, aunque no necesariamente con permisos adecuados para importarlo. Según FinCEN, estas empresas pueden operar como intermediarias, facturadoras o prestadoras de servicios de fachada para legitimar combustible introducido sin pagar IEPS. El combustible sería adquirido a operadores estadounidenses cómplices, con acceso a refinerías, terminales y distribuidores, para después desviarse a redes de compañías estadounidenses y mexicanas en sectores como energía, logística, transporte y almacenamiento.   El mensaje es severo para el sector privado: cualquier empresa, empresario , persona física o moral mexicana o estadounidense que participe, facilite, financie, transporte, almacene o comercialice combustible vinculado a estas redes puede quedar en el radar de OFAC, FinCEN, el FBI, HSI, DEA, IRS-CI, CBP y otras agencias federales. No es un tema menor de cumplimiento administrativo; en la lectura de Washington, puede convertirse en un asunto de financiamiento a organizaciones designadas como terroristas. La propia alerta de FinCEN señala que cualquier individuo o empresa que proporcione apoyo material a organizaciones designadas puede enfrentar persecución penal o designación por parte de OFAC. Ese es el punto medular: para Estados Unidos, el combustible ilegal no sólo representa evasión fiscal o competencia desleal; puede representar dinero que termina fortaleciendo estructuras criminales consideradas amenaza terrorista.   En la lista oficial de OFAC aparecen empresas con presencia o registro en Tamaulipas, Nuevo León, Querétaro, Metepec y Reino Unido. Entre las entidades designadas se encuentran Centro Cambiario La Peseta, OF Transportes, Ogui Fletes y Soma Transporte y Servicios, con ubicación en Matamoros; OJ Living Trust, en Monterrey; y RK Real King, en Querétaro. También fueron designadas Jomadi Logistics and Cargo y Ahavat Logistics Solution, con ubicación en Metepec.   Querétaro aparece así en una lista oficial de sanciones de Estados Unidos, así como el estado de San Luis Potosí, sí ha sido mencionado en reportes periodísticos previos relacionados con investigaciones sobre huachicol fiscal y decomisos de combustible. En julio de 2025, El Universal reportó que, tras el megadecomiso de más de 15 millones de litros de combustible en 129 carrotanques en Coahuila, el gobierno federal investigaba a cuatro empresas mexicanas y estadounidenses presuntamente involucradas: Lambrucar, Ingemar, Belar Fuels e Industriales Fundentes. La nota señaló que los carrotanques tenían sellos con la leyenda Lambrucar, empresa con sede en Houston y sucursales en Monterrey, San Luis Potosí y Querétaro.   Varios medios locales y regionales retomaron esa misma línea informativa bajo el encabezado de una red de huachicoleo con vínculos en SLP. El reporte también mencionó a Lambrucar, Ingemar, Belar Fuels e Industriales Fundentes como empresas investigadas en relación con el traslado, paso por aduanas y almacenamiento de combustible presuntamente ilegal, ambas líneas revelan una misma tendencia: el mapa del huachicol fiscal ya no se limita a Tamaulipas o a la frontera. Las rutas, empresas, permisos, trenes, pipas, bodegas, comercializadoras y operaciones financieras estarían conectando a distintos polos industriales y logísticos del país, incluido el Bajío. En el caso de Querétaro y San Luis Potosí, la preocupación empresarial no está sólo en la existencia de empresas formalmente sancionadas, sino en la posibilidad de que redes más amplias hayan usado domicilios, sucursales, proveedores, intermediarios, clientes, patios logísticos, estaciones de servicio o estructuras de facturación para mover combustible y dinero. Hasta ahora, las autoridades norteamericanas no han hecho públicos todos los nombres de empresas o empresarios que podrían estar bajo revisión; lo que sí han dejado claro es que la investigación no se agota en los operadores visibles. El antecedente judicial en Texas confirma esa lógica. En mayo de 2025, el Departamento de Justicia acusó a James Lael Jensen y Maxwell Sterling Jensen de conspirar para proporcionar apoyo material al crimen organizado, lavar dinero y participar en contrabando de crudo. La acusación sostiene que habrían facilitado aproximadamente 2,881 cargamentos de petróleo, aunque el propio Departamento de Justicia aclara que toda acusación es una imputación y que los acusados mantienen la presunción de inocencia hasta que se pruebe lo contrario.   La frase de las autoridades estadounidenses resume el nuevo criterio: no sólo van contra traficantes directos, sino contra cómplices, facilitadores y quienes ponen dinero en el bolsillo del cartel. Es decir, bajo esta óptica, la cadena de responsabilidad puede ir desde el cerebro financiero hasta quien permitió que el último litro entrara al mercado con apariencia de legalidad. El riesgo para las empresas es enorme. Una compañía puede no formar parte del crimen organizado y, aun así, quedar expuesta si compró producto de origen irregular, facilitó facturación simulada, prestó patios, transportó combustible, trianguló pagos, comercializó producto sin trazabilidad, participó en operaciones en efectivo o recibió recursos de empresas relacionadas con personas bloqueadas. En materia OFAC y FinCEN, la ignorancia operativa dejó de ser defensa suficiente; el estándar ahora es trazabilidad, beneficiario real, origen de fondos, permisos y cumplimiento. El golpe también pone presión sobre bancos, casas de cambio, aseguradoras, arrendadoras, inmobiliarias y empresas de logística. OFAC no sólo bloquea activos de personas designadas; también genera un efecto de congelamiento reputacional y financiero para terceros que operen con ellas. En la práctica, una designación puede cortar cuentas bancarias, contratos, líneas de crédito, comercio internacional, seguros, pagos en dólares y operaciones con contrapartes estadounidenses. Por eso, el caso no debe leerse sólo como una nota de seguridad. Es una nota empresarial, fiscal, energética y financiera. Estados Unidos está enviando un mensaje directo al mercado: las redes que venden combustible barato, sin trazabilidad clara, con documentación débil, permisos incompletos o precios artificialmente bajos pueden ser parte de una estructura mucho más grave que una simple evasión de impuestos. La ruta del huachicol fiscal entra así en una nueva fase. Primero fueron los decomisos. Luego vinieron las investigaciones periodísticas y ministeriales. Ahora aparecen sanciones financieras, alertas bancarias y acusaciones por apoyo material a organizaciones terroristas. La ecuación cambió: ya no se persigue únicamente el combustible; se persigue el dinero, la empresa, el permiso, el contrato, el banco, la factura y el beneficiario final. Y ese es el mensaje que deberían leer los empresarios del Bajío, del noreste y de cualquier plaza energética del país: comprar o vender combustible sin trazabilidad ya no es una “oportunidad comercial”; puede ser una exposición penal, financiera y reputacional de alto impacto. En este tablero, el litro barato puede salir carísimo.