Durante el último año de gestión, el gobierno de  Juan Manuel Carreras López contrató a Surtipractic para la compra de despensas que eran entregadas por medio del DIF estatal, se trata de una empresa vinculada a varios casos de sobreprecio por los alimentos de baja calidad, no solo en México, ya que también fue contratada por el gobierno de Nicolas Maduro en Venezuela, misma que fue denunciada por la Unidad de Inteligencia Financiera. Las órdenes de compra para las despensas fueron realizadas durante los primeros seis meses de 2021, por un monto superior a los 18.2 millones de pesos, las cuales fueron pagadas con diversos cheques durante los meses de febrero, agosto y septiembre, según consta la lista de cheques de la Secretaría de Finanzas. La empresa Surtipractic ha estado involucrada en varias controversias en su papel de proveedora de alimentos a diversas dependencias del gobierno federal y estatales, pero también en una presunta red de lavado de dinero y venta de alimentos a sobreprecio al gobierno de Venezuela. Surtipractic es propiedad de Jorge Carlos Fernández Francés, quien es también presidente de alimentos El Sardinero, empresa sancionada por la Función Pública en diciembre de 2014 (oficio: PISI-A-NC-DS-0135/2014), con una prohibición de dos años cinco meses y nueve días para celebrar contratos con dependencias y entidades federales, y con una multa de 672 mil pesos por falsificar la dirección de la empresa en una licitación pública. Posteriormente, la Auditoria Superior de la Federación (ASE) en su informe individual de la cuenta pública de la Policía Federal para el ejercicio fiscal de 2019, observó los contratos entregados a Surtipractic, porque detectó que la empresa ofertó precios unitarios más altos que los que pagó la institución en otro procedimiento similar y, pese a ello, no detectó la irregularidad y se pagaron las compras de alimentos. Asimismo, el pasado 31 de octubre, el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó sobre el caso de las llamadas despensas CLAP y la presunta red de lavado de dinero de un empresario colombiano en México, por esta razón, presentó cinco denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de 25 personas involucradas. Se trataba de una red que vendía a sobreprecio alimentos de baja calidad al gobierno de Venezuela, explicó el funcionario en su momento, y agregó que por esta esta razón, también presentó ante la Secretaría de la Función Pública y ante asuntos internos de la FGR, una denuncia contra funcionarios de la administración anterior que participaron en un acuerdo reparatorio ilegal derivado de compra de alimentos a sobreprecio para Venezuela.