El escenario que vive la sociedad mexicana y del que no escapa Zacatecas, con indicadores altos de violencia, exigen al Estado Mexicano (y a sus tres niveles de gobierno) avanzar hacia la construcción de los cimientos de un moderno paradigma de prevención social del delito, que contribuya a superar los esquemas anacrónicos, que a la fecha no han dado resultados Requerimos de un modelo de prevención que, considere desde la integralidad, la transversalidad y la transdisciplina, la inclusión y comprensión de los saberes sociológicos, antropológicos, culturales, políticos, económicos y criminológicos, y que no sólo se edifique desde la perspectiva acotada de lo penal y policiaco. Sí no damos el giro hacia un moderno sistema de prevención social del delito, que incida en la reducción de los factores de vulnerabilidad y de riesgo, muy pocos resultados cultivaremos en beneficio de la sociedad. Plantear que las políticas de prevención sólo deben ser dictadas desde los espacios policiacos y de seguridad pública es seguir apostando a una concepción errónea, que sólo estará auspiciando la geoeconomía de la violencia, pero que jamás dará resultados concretos en materia de reducción delictiva y construcción de cultura de paz. Eso implica también, desde la perspectiva de las normas jurídicas y constitucionales, trascender el concepto de seguridad pública, al modelo de seguridad humana. El paradigma de seguridad pública se encuentra anclado al concepto de orden y control social, de los siglos XVIII y XIX, y no atiende el compromiso de la seguridad humana. Esta visión tenemos que modificarla. Las sociedades avanzadas de nuestro tiempo diseñan sus políticas de prevención, a partir de una concepción integral, en donde se suman factores y agencias multidisciplinarias responsables de promoción de la cultura, la educación, el arte, el deporte y la ciencia. Y No sólo desde lo policiaco y lo penal. Y es que la prevención social deberá estar motivada por el objetivo de aumentar el bienestar colectivo, la calidad de vida de la población, incrementando el acceso a los bienes culturales de la educación, la salud, el empleo y la vivienda digna, entre otros componentes.   Por esa razón, la prevención es considerada como la herramienta más eficaz de las políticas públicas, para prevenir los delitos, las violencias y fomentar un mayor desarrollo humano. Todos, -en el mundo, en México y en Zacatecas-, estiman que existen factores estructurales que propician que la situación delictiva de una sociedad se complique, sobre todo cuando las instituciones del Estado responden en forma tardía a las demandas de la sociedad. En la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Inseguridad, elaborada por el INEGI, los zacatecanos admiten que los delitos se han incrementado por varias razones y mencionan entre otros, los siguientes puntos: Educación de pobre calidad; elevadas tasas de violencia intrafamiliar y pérdida de valores éticos; altas tasas de impunidad y delincuentes sin castigo; malos policías e ineficientes sistemas de seguridad; corrupción rampante; pobreza social; y desempleo. El combate a la impunidad es un ingrediente básico para contar con políticas de prevención exitosas y de calidad. La prevención tiene que ayudar desde la planeación estratégica, a romper con el circulo negativo de violencia-delito y desigualdad social. Y es que las sociedades que coexisten en un contexto de profunda desigualdad es proclive a que aumenten los riesgos de vulnerabilidad y de la comisión delictiva.  Requerimos seguir avanzando en la edificación de un nuevo paradigma basado en la multi/disciplina, en la integralidad, en la promoción de la igualdad de género y en la defensa de los derechos humanos. La violencia está afectando al corazón de nuestra sociedad y cancelando el horizonte de futuro. Por eso, hoy más que nunca, es relevante impulsar políticas modernas de prevención, porque estas pueden contribuir al menos a cinco condiciones esenciales: Primero, reducir el impacto de la comisión delictiva en la estructura económica y productiva de nuestra sociedad, que hoy es muy elevado; segundo, bajar el costo de los servicios del sistema de justicia penal; tercero, fortalecer el tejido de la sociedad; cuarto, reducir los riesgos sociales de la comisión delictiva; y cinco, sentar las bases de un renovado modelo de desarrollo, con bienestar, justicia y calidad.