La reciente noticia de que la Inversión Extranjera Directa (IED) alcanzó un máximo histórico de 34,265 millones de dólares en el primer semestre de 2025 provocó una intensa discusión pública sobre el verdadero estado de la economía nacional.

Para algunos, el dato confirma que el país sigue siendo atractivo para el capital internacional, pues refleja que filiales extranjeras decidieron reinvertir utilidades y ampliar proyectos en sectores estratégicos. Para otros, la cifra encierra una preocupación mayor, las nuevas inversiones apenas representaron el 9.2 % del total, debajo del promedio de 32.3 % de la última década, lo que sugiere que la confianza en México para canalizar recursos frescos sigue siendo limitada.

México enfrenta una paradoja. El entorno global ofrece condiciones únicas para que el país se convierta en receptor privilegiado de capital por el reacomodo de cadenas de suministro, la vecindad con Estados Unidos y las ventajas del TMEC, pero persiste una debilidad estructural que desalienta a quienes debieran vernos como un destino confiable.

Desde la apertura económica de 1994, cuando México se integró al comercio internacional bajo las reglas del entonces TLCAN, la IED ha sido uno de los pilares del desarrollo industrial y manufacturero. En aquel momento hubo intensos debates, pero con el tiempo se construyó un consenso básico, atraer capital extranjero es condición necesaria para modernizar la planta productiva, generar empleos y transferir tecnología. Este consenso se mantiene vigente hoy. Las diferencias actuales se centran en cómo fortalecer ese flujo y traducirlo en desarrollo más equilibrado y sostenible.

Sin embargo, al interior del país, las posturas en este y otros temas recientes, como la información sobre el ingreso de las familias o los datos sobre los niveles de pobreza, parecen irreductibles. La conversación pública, atrapada en la polarización, se consume en debates bizantinos sobre si el país atraviesa una recesión técnica o un estancamiento marginal, sin atender lo verdaderamente relevante, la necesidad de alcanzar un crecimiento sostenido superior al 3 % anual.

El problema de fondo no está en una cifra puntual ni en la semántica de la coyuntura. Lo que urge es cambiar la narrativa económica. Si seguimos atrapados en el dilema de si crecemos o decrecemos unas décimas, perderemos de vista lo que debería ser un objetivo estratégico; liberar al máximo el verdadero potencial de la economía mexicana. Para ello se requieren reformas profundas. Reordenar el gasto público hacia infraestructura que detone productividad, mejorar los incentivos a la inversión nacional y extranjera con reglas claras y certidumbre jurídica, simplificar regulaciones, eliminar cuellos de botella administrativos, así como integrar a las PyMEs en las cadenas globales de valor con financiamiento y asistencia técnica.

El reto también está en la composición de la IED. El aumento registrado en el primer semestre se concentró principalmente en el sector financiero y bancario. Aunque esto refleja confianza en la estabilidad del sistema, el desafío hacia adelante es propiciar que los flujos de capital se orienten con mayor fuerza a la manufactura avanzada, la innovación tecnológica, la infraestructura, la energía y los servicios de alto valor agregado.

El capital humano es otro eje crítico. Sin educación de calidad y programas de capacitación en habilidades digitales, técnicas y de innovación, será imposible que México capture las oportunidades del nearshoring en esos sectores fundamentales.

La confianza, sin embargo, sigue siendo el factor decisivo. Sin Estado de Derecho, sin un sistema judicial confiable y sin estabilidad macroeconómica con metas creíbles de reducción del déficit público, cualquier avance será frágil. Las señales en materia judicial y regulatoria han generado dudas que deben atenderse con visión de largo plazo. México necesita reglas claras y previsibles que den seguridad tanto a inversionistas como a emprendedores nacionales.

El entorno internacional refuerza la urgencia de esta agenda. Estados Unidos está transitando hacia un modelo que privilegia la inversión productiva y la desregulación frente a la lógica de deuda y déficit. Si México no acompasa sus políticas con esta nueva realidad, el capital se irá a otras latitudes mejor preparadas, como el Sudeste Asiático, que ya se mueve con rapidez para recibir las cadenas que buscan relocalizarse.

La cooperación entre sector privado y gobierno es indispensable. Las empresas son el motor de la innovación, el empleo y la competitividad; el gobierno debe asegurar seguridad pública, certidumbre jurídica y un marco regulatorio estable. En este terreno, Coparmex ha demostrado que la voz empresarial organizada puede marcar la diferencia, no solo señalando riesgos, sino construyendo propuestas y tendiendo puentes de diálogo.

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El récord de IED es, en efecto, una señal positiva. Pero su verdadero valor dependerá de cómo logremos orientarla hacia sectores estratégicos, multiplicar sus efectos en la cadena de valor y conectarla con el talento nacional. Ese es el verdadero reto, el convertir el interés global en un proceso de transformación económica sostenida que le dé a México un lugar estable y protagónico en el nuevo orden económico internacional.

Con información de Excélsior