Durante las últimas décadas, las izquierdas se acostumbraron a querer reparar las averías del capitalismo. Hoy aspiran a rediseñar el motor.

Las izquierdas del ciclo neoliberal aceptaban el mercado como punto de partida y redistribuían después mediante impuestos, transferencias y servicios. Las nuevas izquierdas impugnan las reglas que producen esos resultados y sus implicaciones en materia de trabajo, vivienda y precariedad.

 Ese viraje respondió a un periodo de desregulación, privatizaciones, debilitamiento sindical y financiarización de la economía que contribuyó a desacoplar el crecimiento del bienestar, produciendo estancamiento salarial, concentración de la riqueza, deterioro de lo público y socialización de los costos de la crisis. De ese proceso surgió un potente diagnóstico: la desigualdad no es sólo un problema económico, es una relación de poder.

En paralelo, las izquierdas anteriores desarrollaron una agenda de derechos, equidad y diversidad. Las actuales no abandonan esa agenda, pero buscan combinarla con otra que incluye salarios, rentas, salud y cuidados. Reconocimiento y provisión: el espejo y la mesa. La pregunta ya no es sólo quién consigue entrar, sino en qué condiciones vive.

Sus bases sociales, además, se transformaron. Las izquierdas de tercera vía se volvieron más urbanas, universitarias y profesionales. Las de hoy buscan construir una política de clase más heterogénea, capaz de reunir a trabajadores, jóvenes, inquilinos y sectores populares atravesados por diferencias de género y raza. Su horizonte no se desplazó, se ensanchó: de la escalera de la movilidad social inclusiva al piso compartido de la seguridad material.

El estilo de liderazgo también cambió. Del gestor de pactos al portavoz de conflictos; del progresismo tecnocrático a la combatividad plebeya. Su autoridad ya no se basa en el saber experto, sino en el valor de nombrar lo que el establishment preferiría mantener despolitizado.

Las izquierdas contemporáneas quieren ampliar el ámbito de lo disputable. Sus predecesoras tendían a aceptar los derechos de propiedad, los contrapesos institucionales y ciertos consensos de política pública como restricciones legítimas. Ahora se preguntan qué privilegios preservan y a quién benefician esos arreglos. Reclaman, en consecuencia, un Estado con más margen de intervención. El riesgo está en olvidar que algunos límites protegen libertades, que la voluntad política no sustituye la capacidad institucional y que no todo obstáculo encubre una resistencia ideológica.

Transformar estructuras injustas y vencer intereses arraigados exige organización, fuerza, claridad de propósito. Pero una mayoría no es el pueblo ni una victoria electoral es un cheque en blanco. Una cosa es estar en condiciones de reformar las normas; otra, hacerlas a la medida o ponerse por encima de ellas. Las izquierdas aciertan al atacar el amasiato entre riqueza y poder: su reto es expandir la democracia económica sin encoger la democracia política.