Jalisco se mantiene como uno de los estados más atractivos para la inversión en México gracias al dinamismo de sectores como el manufacturero, financiero, turístico y comercial; sin embargo, enfrenta importantes retos regulatorios que podrían frenar su crecimiento. Así lo señaló en entrevista para “Así las Cosas”, Ana Lilia Moreno, coordinadora del Programa de Regulación y Competencia de México Evalúa, tras presentar el estudio “¡A romper barreras! Cómo detonar la inversión en México. Caso Jalisco”. Dicho estudio analiza los principales retos y oportunidades para fortalecer el entorno regulatorio del estado en el contexto del nearshoring, fenómeno que ha convertido a Jalisco en uno de los destinos más prometedores para la inversión industrial y tecnológica en el país. “Jalisco tiene ventajas competitivas desde hace años y aporta alrededor del 7.5% del PIB nacional”, enfatizó Moreno. “Su economía crece a un ritmo de 1.4% anual y muestra una diversificación interesantísima en ramas como electrónica, telefonía móvil, fabricación automotriz y transporte. Eso lo convierte en un destino sumamente prometedor para la inversión”. No obstante, explicó que el estudio evidencia que persisten obstáculos normativos y burocráticos, especialmente a nivel municipal y estatal, que retrasan la apertura de negocios y la instalación de nuevas operaciones industriales. 550 áreas de mejora: trámites lentos, lenguaje confuso y atribuciones poco claras México Evalúa identificó aproximadamente 550 oportunidades de mejora regulatoria, muchas de ellas sencillas de resolver sin necesidad de pasar por el Congreso local. “Son cambios tan simples como corregir redacciones en reglamentos, clarificar quién es la autoridad competente o digitalizar trámites”, señaló Moreno. “A veces es tan básico como precisar dónde debe presentar un trámite una empresa o una persona que realiza actividad empresarial”. El análisis abarcó 72 ramas económicas y 96 actividades clave del estado, donde se detectaron barreras en áreas como: Códigos urbanos y ambientales; Licencias de operación; Leyes de catastro y fomento al emprendimiento; Manejo de residuos; Regulación de protección civil; y Legislación del agua. “Hay trámites que pueden tardar hasta tres meses en resolverse, y ese tiempo tiene un costo financiero real”, explicó. Para dimensionar el impacto, el estudio calculó un costo de oportunidad basado en el valor agregado bruto censal de los corredores industriales de Guadalajara, Zapopan y San Pedro Tlaquepaque. “El simple hecho de esperar la autorización de una licencia puede representar hasta 3 millones de pesos en pérdidas para una empresa”, advirtió Moreno. “Eso es dinero que podría estar generando utilidades en el banco, y que se pierde por la incertidumbre regulatoria”. Moreno citó un caso documentado en el estudio: el reglamento de giros comerciales, industriales y de servicios de Guadalajara. “Ahí se establece que el presidente municipal puede modificar los horarios de operación de los establecimientos por decisión propia. Esa discrecionalidad se traduce directamente en incertidumbre para las empresas”, explicó. “Y lo peor es que esto se corrige con un simple cambio de redacción”. Añadió que Jalisco tiene condiciones para encabezar una reforma regulatoria profunda y moderna, que además sirva de ejemplo a otras entidades del país, pues aunque el estudio se centró en los tres municipios con mayor concentración industrial —Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque—, sus conclusiones son aplicables a todo el estado e incluso a otras regiones del país. Moreno subrayó que mejorar la calidad regulatoria no solo aceleraría la instalación de empresas, sino que también fortalecería el nearshoring, uno de los mayores potenciales de Jalisco en los próximos años. “Si Jalisco hace estos ajustes, puede consolidarse como uno de los destinos más competitivos para la inversión en México”, concluyó.