Cada 5 de febrero, el protocolo se repite con precisión militar: discursos inflamados sobre la soberanía, la justicia social y el legado revolucionario en el Teatro de la República de Querétaro. Pero, seamos sinceros, ¿alguien siente realmente que esa ceremonia representa el pulso de la nación hoy? Más allá del día de descanso obligatorio y el desfile burocrático, la Constitución Mexicana parece haberse convertido en un documento de gestión administrativa más que en la piedra angular de nuestro pacto social.

El problema de fondo no es que se reforme, sino cómo y para qué se hace. Con más de 700 modificaciones desde su promulgación en 1917, nuestra Carta Magna ha dejado de ser esa guía estable que brinda certeza jurídica. Se ha transformado en un texto maleable que se ajusta al ritmo del gobierno en turno. Cuando la ley suprema cambia con la misma frecuencia que un reglamento interno, pierde su carácter sagrado y se vuelve un instrumento utilitario para validar acciones políticas.

Tomemos como ejemplo la reciente reforma al Poder Judicial de 2024. Al pasar de una lógica de carrera judicial a la elección popular de jueces y magistrados, el texto constitucional cambió la balanza. Lo que para unos es democratización, para otros —críticos del proceso— es la instrumentalización de la justicia, donde el mérito técnico cede ante la lealtad política o la popularidad. La Constitución, diseñada para limitar el poder, hoy parece ser la herramienta para expandirlo.

Esta metamorfosis tiene un costo directo en los derechos humanos fundamentales. La reciente reforma a la Ley de Amparo, que limita la capacidad de los jueces para suspender obras públicas mientras se resuelven los litigios, es un golpe directo a la defensa ciudadana. ¿Qué pasa cuando una comunidad indígena intenta frenar un proyecto devastador para su medio ambiente? Con las nuevas reglas, la obra continúa y el daño ambiental se vuelve irreversible antes de que exista una sentencia. El derecho se vuelve entonces una aspiración inútil.

No se trata solo de un cambio de reglas, sino de un cambio de filosofía. La centralización del control y la erosión de los contrapesos autónomos —como la sombra de la eliminación del INAI— apuntan a un hiperpresidencialismo donde el Ejecutivo busca concentrar la transparencia y la rendición de cuentas. Si el gobierno es juez y parte, ¿quién protege al ciudadano de los abusos de autoridad?

Para los defensores de la tierra y los periodistas de investigación, este escenario es desolador. Al debilitarse el amparo y centralizarse la información, las herramientas para denunciar corrupción o defender el territorio se desmantelan. El miedo a represalias judiciales o la opacidad institucional actúan como mordazas efectivas.

Lo que no se cuenta oficialmente en los discursos del 5 de febrero es la profunda brecha entre el texto y la realidad. La Constitución promete salud, vivienda y trabajo digno, pero la informalidad laboral y las crisis de salud evidencian un abismo insalvable entre el papel y la mesa de los mexicanos. Se celebra la ley, pero se padece la realidad.

Al final, la desafección ciudadana es inevitable. La gente no siente que el documento los proteja de la impunidad o la inseguridad cotidiana. Ven en el aniversario una confrontación política vacía, un ritual acartonado donde los tres poderes se disputan la narrativa en lugar de unificar al país bajo un mismo techo legal.

Por eso, la Constitución ha quedado reducida a una fecha burocrática. Ha pasado de ser el "suelo común" donde todos cabíamos, a un terreno de batalla donde la mayoría parlamentaria de turno impone su visión. Es un documento que se lee con respeto en la escuela, pero que se ignora en la práctica política diaria.

Si la Constitución sigue siendo tratada como una simple herramienta de gestión para la administración en turno, corremos el riesgo de perder lo último que nos mantiene unidos como República: la confianza en la ley. De seguir por este camino, el 5 de febrero será pronto recordado no como el día de nuestra Carta Magna, sino como el día en que la retórica oficial terminó de devorar al derecho.

¿Queremos seguir celebrando aniversarios o volver a celebrar límites?. Porque una Constitución que no incomoda al poder deja de ser pacto y se vuelve protocolo. Y los protocolos, a diferencia de los derechos, se cumplen solo cuando conviene.