Hay decisiones educativas que se anuncian como grandes actos de participación democrática, pero que terminan pareciéndose demasiado a una escenografía. Se pregunta a los maestros, se colocan urnas o formularios, se organizan reuniones, se recopilan opiniones y después aparece una conclusión oficial que, convenientemente, confirma el rumbo que la autoridad ya había decidido. La pregunta entonces deja de ser si el magisterio fue escuchado y pasa a ser mucho más incómoda: ¿para qué se le preguntó?

El debate actual sobre los dispositivos móviles en las escuelas y la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, USICAMM, ofrece dos ejemplos aparentemente distintos que terminan conectándose en un mismo problema: la utilización de la voz de los profesores como legitimación política. La Secretaría de Educación Pública ha anunciado consultas nacionales sobre el uso de celulares y redes sociales, mientras impulsa simultáneamente una consulta escuela por escuela para construir el nuevo mecanismo que sustituirá a la USICAMM.

Preguntar no es malo. Todo lo contrario. Una política educativa seria necesita escuchar a quienes están todos los días frente al grupo. El problema comienza cuando la consulta sustituye a la evidencia, cuando la opinión se convierte en argumento suficiente para diseñar política pública y, peor aún, cuando no conocemos con claridad quién procesa las respuestas, bajo qué metodología, qué criterios determinan las conclusiones y qué decisiones quedarán realmente condicionadas por lo que respondieron los docentes.

Alma Maldonado ha señalado precisamente esta preocupación respecto de la consulta para sustituir a la USICAMM: cuestiona la transparencia del proceso y advierte que podría terminar presentándose a la sociedad únicamente un resultado final sin mecanismos suficientes para conocer cómo se construyó. No es una crítica menor. Si la participación pretende legitimar una transformación institucional, la metodología debe ser tan importante como el resultado.

La paradoja es todavía mayor porque la USICAMM no surgió de la nada. La legislación de 2019 estableció procesos de admisión, promoción y reconocimiento bajo criterios públicos, transparentes, equitativos e imparciales. El propio sistema oficial mantiene actualmente registros de los procesos realizados desde 2019 y sus resultados. Eso no significa que USICAMM haya funcionado bien. Existen suficientes razones para cuestionar su operación: plataformas deficientes, retrasos, procesos burocráticos y una distancia evidente entre los criterios administrativos y la realidad cotidiana de las escuelas.

Pero reconocer que un sistema funciona mal no significa que cualquier sustituto sea mejor. Ese es precisamente el riesgo que han advertido diversos especialistas. Si desaparece un mecanismo estatal de regulación de plazas, promociones y reconocimientos, la pregunta fundamental es quién tendrá el poder para decidir.

Aquí aparece la primera simulación: hacer creer que consultar a los docentes equivale a democratizar la carrera profesional. No necesariamente. La democracia educativa no consiste únicamente en preguntar; consiste en construir reglas donde la decisión sea transparente, verificable y profesional.

La segunda discusión, la de los teléfonos celulares, muestra un fenómeno parecido. La SEP ha planteado que la conversación debe ir más allá de prohibir dispositivos y analizar sus efectos sobre hábitos, conductas y desarrollo de niñas, niños y adolescentes. También ha anunciado que recogerá opiniones de familias, docentes, directivos y especialistas. Es una aproximación razonable. Incluso la UNESCO ha documentado que la regulación del uso de teléfonos en las escuelas se ha extendido rápidamente: para marzo de 2026, 114 sistemas educativos ya contaban con algún tipo de regulación nacional.

Pero nuevamente debemos hacer la pregunta incómoda: ¿qué hacemos con lo que digan los maestros? Porque existe una tentación creciente de utilizar la consulta como sustituto de la política. Si la mayoría dice prohibir, se prohíbe. Si dice regular, se regula. Si dice eliminar USICAMM, se elimina. El Estado parece adquirir legitimidad mediante la encuesta, pero no necesariamente capacidad para resolver el problema.

Irma Villalpando ha insistido desde hace tiempo en recuperar la voz y experiencia concreta de quienes viven la escuela, pero también ha cuestionado las decisiones educativas que se construyen desde narrativas generales alejadas de la realidad del aula. Su trabajo reciente vuelve a colocar en el centro una pregunta fundamental: qué escuela estamos construyendo y con qué criterios. Escuchar al maestro no debería significar utilizarlo como instrumento para validar decisiones previamente tomadas. Debería significar otorgarle mayor capacidad profesional para decidir.

Y aquí llegamos al problema que casi nunca aparece en las consultas: el dinero.

México puede desaparecer la USICAMM mañana mismo. Puede crear una comisión, una dirección general, un nuevo sistema de evaluación o un mecanismo denominado “carrera profesional docente”. Pero ninguna reforma administrativa producirá mejores profesores si no existe un presupuesto suficiente para construir una auténtica carrera docente.

Una carrera profesional necesita formación inicial sólida, actualización pertinente, acompañamiento, evaluación diagnóstica, mentoría, incentivos económicos, movilidad profesional y reconocimiento diferenciado. Necesita tiempo. Necesita especialistas. Necesita sistemas de información. Necesita capacidad institucional para acompañar a más de un millón de docentes de educación básica y todo eso cuesta dinero.

El propio sistema vigente lo ha demostrado. En 2022, por ejemplo, la USICAMM aplicó instrumentos de valoración a más de 210 mil docentes de educación básica y media superior. El desafío no era pequeño. Sustituir esa estructura sin garantizar capacidades equivalentes puede convertirse en una regresión disfrazada de transformación.

El problema de fondo, entonces, no es la consulta. Es la simulación de participación sin transferencia real de poder profesional.

Si el gobierno quiere escuchar al magisterio, que publique la metodología, las bases de datos agregadas, los criterios de análisis y las decisiones que serán modificadas a partir de los resultados. Si quiere sustituir USICAMM, que presente antes el modelo completo: reglas de ingreso, promoción, reconocimiento, movilidad, evaluación, transparencia, mecanismos de impugnación y presupuesto. Si quiere regular celulares, que mida primero sus efectos y permita soluciones diferenciadas.

Porque la transformación educativa no se construye preguntando a los profesores qué quieren escuchar de la autoridad. Se construye confiando en ellos como profesionales, pero también exigiéndoles resultados.

Porque preguntar a los maestros es democrático. Hacerles creer que decidieron, cuando la decisión ya estaba tomada, es otra cosa.

*Profesor / Activista por el Derecho a Aprender

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