Los diputados británicos empezaron el viernes a debatir la tramitación de una propuesta de ley sobre la muerte asistida para ciertos enfermos en fase terminal, una medida que ha suscitado polémica. El texto permitiría el suicidio asistido a los pacientes en Inglaterra y Gales que se encuentren en fase terminal, con solo seis meses de esperanza de vida. Para poder acogerse a esta opción, los pacientes deben ser capaces de expresar una elección clara y contar con la luz verde de dos médicos y un juez. Su promotora, la diputada laborista Kim Leadbeater, asegura que estas cláusulas lo convierten en el texto "más robusto" del mundo sobre esta cuestión. Ante la Cámara de los Comunes, declaró que el texto quiere otorgar "elección, autonomía y dignidad" a los adultos con una enfermedad en fase terminal. La legisladora contó la historia de Norman, un hombre aquejado de un cáncer de próstata desde hacía 15 años. "Cuando la enfermedad se extendió y el dolor se volvió insoportable (...) fue a su jardín y se pegó un tiro en la cabeza". Si el texto supera esta primera etapa, deberá ser examinado y enmendado en comisión antes de ser sometido de nuevo a la aprobación de las dos cámaras del Parlamento británico. Aunque la propuesta nace de sus filas, el gobierno laborista no la ha respaldado oficialmente, y el desenlace de la votación dependerá más de las convicciones personales que de las directrices de partido. Hace nueve años, una propuesta de ley sobre el suicidio asistido fue rechazada por el Parlamento, pero la opinión pública ha cambiado desde entonces y es mayoritariamente favorable a este proyecto. Un sondeo publicado el viernes por el instituto YouGov señala que tres cuartas partes de los habitantes de Inglaterra y Gales apoyan este cambio en la ley. La periodista Esther Rantzen, enferma terminal de cáncer que hace campaña por esta propuesta, instó a los diputados a aprobarla porque "en caso de fracaso, no volverá probablemente al Parlamento antes de diez años". Varios países han legalizado la asistencia al suicidio para acabar con el sufrimiento de los enfermos en fase terminal, como Países Bajos, España, Colombia, Ecuador o Canadá. Actualmente, el suicidio asistido es ilegal en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, donde se pena con hasta 14 años de prisión a quienes ayuden o inciten a hacerlo. Escocia, que dispone de competencias propias en materia de sanidad, debe votar un proyecto de ley sobre la cuestión en 2025. La votación parlamentaria en Westminster viene precedida de un acalorado debate sobre posibles abusos o límites que puedan ejercerse sobre personas vulnerables o discapacitadas. Una treintena de líderes religiosos expresaron su "profunda preocupación" de que algunas personas sientan "el deber de morir" para dejar de ser una carga para su entorno. El debate va más allá de la habitual división entre laboristas y conservadores. La mayoría de los 650 parlamentarios no ha desvelado su intención de voto, lo que dificulta vaticinar un desenlace. El gobierno ha pedido neutralidad a sus miembros, pero varios ministros han expresado su postura. Por ejemplo, el ministro de Salud, Wes Streeting, dijo que votará en contra y expresó su inquietud por una carga financiera suplementaria sobre el sistema público NHS, ya en crisis. El primer ministro Keir Starmer no se posicionó, pero en 2015 había respaldado como diputado el primer proyecto de ley sobre muerte asistida. En el bando conservador también hay discrepancias. El ex primer ministro David Cameron, que se opuso hace nueve años, votará a favor, pero el también ex jefe de gobierno Boris Johnson lo hará en contra.