El exalcalde Xavier Nava Palacios aseguró que el Congreso del Estado violó sus derechos humanos, así como los de algunos exintegrantes de su cabildo durante su administración, luego de que fue inhabilitado por hasta 18 años, el sábado pasado en una sesión extraordinaria privada. Aseguró que los puentes superiores vehiculares (motivo que inició el juicio político) no se encuentran en tierras propiedad del ejido Rancho Viejo La Libertad, de acuerdo a los planos actuales del ejido que obran en el Registro Agrario Nacional (RAN), que fue la razón por la cual lo inhabilitaron a través de un juicio político. Agregó que se defenderá ante todas las instancias de justicia constitucional, de Derechos Humanos y Organismos Internacionales ante “las evidentes irregularidades procesales y la arbitrariedad cometida en abuso de la institución del Juicio Político, y utilizando los poderes del Estado como herramienta de transgresión política”. Explicó que los integrantes del Congreso estatal no tomaron en cuenta toda la información contenida en el expediente, violentando así múltiples maneras el procedimiento, por ende, que la sanción que se les impuso es arbitraria y con motivación política y no jurídica. En este sentido, Nava Palacios aseguró que las y los diputados han demostrado sumisión al actual gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona. “Es indiscutible su falta de compromiso con la legalidad, la ética, y la justicia y la división de poderes, y evidencia la intención de complacer los intereses de dicho personaje en una revancha personal”. Finalmente, el exedil capitalino expuso el actuar de algunos legisladores, tales como Juan Francisco Aguilar, secretario de la Comisión Jurisdiccional que elaboró el dictamen del juicio político, quien fue socio del abogado del ejido en cuestión, Jorge Dorantes, quien en su momento buscó forzar un acuerdo económico de 60 millones de pesos con la entonces administración municipal que él encabezaba. Así como Alejandro Leal Tovias, exsecretario General de Gobierno del Estado, quien en ese carácter formó parte de la defensa conjunta entre el municipio capitalino y el Gobierno del Estado en el juicio del amparo en contra de la inadecuada pretensión del Ejido Rancho Viejo La Libertad. Con respecto a ambos, aseguró que debieron excusarse ya que formaron parte activamente del proceso del juicio de amparo, entonces su participación en la inhabilitación “es a todas luces una falta de integridad, haber formado parte de la defensa legal de una obra de infraestructura tres meses antes y posteriormente, votar a favor del juicio político contra las autoridades que conjuntamente realizaron la obra”.