El 8 de noviembre de 2021, Pablo Gómez tomó protesta como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Ese mismo día, su primer movimiento dejó claro el tamaño del problema: preguntó cómo encender la computadora.

Más tarde, frustrado, intentó acceder a su correo personal en un equipo restringido por protocolos de seguridad.

Lo que para cualquiera pudo ser un detalle menor, en realidad fue la señal de alerta de que quien recién asumió el mando no tenía idea del aparato que debía dirigir.

Gómez, eterno militante de la izquierda y voz combativa del Congreso, llegó ahí por imposición de Andrés Manuel López Obrador.

Era un reconocimiento a su trayectoria política, no a su experiencia administrativa ni a su conocimiento de temas como el combate al lavado de dinero.

Porque una cosa es ser un ícono de la democracia y otra muy distinta, entender el delicado engranaje de la inteligencia financiera.

Su gestión fue un catálogo de omisiones: investigaciones atoradas, expedientes heredados por Santiago Nieto que no avanzaron y un desconocimiento profundo de la relación con organismos internacionales encargados de prevenir delitos financieros.

El episodio más grave fue su incapacidad para entregar información requerida por Estados Unidos sobre instituciones como CIBanco, Intercam y Vector. Esa negligencia terminó con intervenciones que congelaron operaciones y provocaron un terremoto financiero.

En la Secretaría de Hacienda de Édgar Amador Zamora y en la oficina de la presidenta Sheinbaum, supieron siempre que Pablo era la piedra en el zapato.

Lo removieron en silencio, conscientes de que su presencia se había vuelto insostenible. Pero en la política mexicana nada muere del todo: como premio de consolación lo enviaron a encabezar la comisión presidencial para la Reforma Electoral, una tarea más cercana a su carrera histórica, aunque poco consuelo para el desastre que deja atrás.

Porque la UIF no es un premio de lealtad: es un pilar para el Estado de Derecho, la estabilidad económica y la credibilidad internacional. Y en tiempos donde México busca socios y confianza global, ponerla en manos equivocadas salió demasiado caro.

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A LA DEFICIENTE GESTIÓN de Pablo Gómez por la UIF hay que sumarle los serios problemas que enfrenta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Desde la salida de Sandro García Rojas de la vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos, se relajaron o eliminaron muchos controles para las instituciones financieras.

Los gobiernos de México y EU lo saben, más cuando el propio sistema financiero mexicano realiza un promedio de 15 millones de reportes anuales sobre operaciones de riesgo.

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DICEN QUE OBRAS SON AMORES. Y el cariño de la presidenta Claudia Sheinbaum a Oaxaca se traduce en proyectos de obra pública, como la transformación de la red carretera de la entidad en las regiones de la Mixteca y la Costa.

El gobernador, Salomón Jara, y el secretario de Infraestructura federal, Jesús Antonio Esteva, dieron el banderazo de inicio a los trabajos en la carretera Huajuapan-Tlacotepec-Juxtlahuaca-El Carrizal-Putla de Guerrero, que comprende una extensión de 160.3 kilómetros, y requerirá una inversión de 425 millones de pesos.

Este tramo es uno de los cinco que contempla el Plan General Lázaro Cárdenas, con los que busca el gobierno contribuir al comercio, la seguridad, el turismo y la unión entre comunidades.

Con todas estas obras las autoridades dieron respuesta a peticiones de la población durante muchos años y, ahora, con la atención de los dos niveles de gobierno, se hacen realidad demandas ignoradas por anteriores administraciones.

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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “La UIF no es un premio de consolación, es un seguro contra la corrupción… y lo perdimos”.

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO 

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@ALFREDOLEZ