La plataforma tecnológica que hoy se encuentra en el centro de la mayor crisis del examen de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue contratada mediante un procedimiento de adjudicación directa que se resolvió en apenas cinco días naturales.

Documentos oficiales  muestran que el 2 de abril de 2025, la directora general de Administración Escolar (DGAE), Ivonne Ramírez Wence, solicitó al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios autorizar la excepción al procedimiento de licitación pública para contratar a Territorium Life S.A.P.I. de C.V., empresa encargada de la plataforma para la aplicación de exámenes en línea.

La solicitud quedó plasmada en el oficio SG/DGAE/0371/2025, firmado por la propia funcionaria.

En él, la DGAE planteó contratar el servicio para los procesos de ingreso al nuevo esquema de bachillerato derivado del Espacio de Coordinación de la Educación Media Superior (ECOEMS) y para el concurso de licenciatura del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), mediante un contrato con un monto mínimo de 34 millones 491 mil 933 pesos y un máximo de 85 millones 767 mil 297 pesos, IVA incluido.

El documento contempla la aplicación de entre 130 mil 500 y 324 mil 500 evaluaciones, con un costo unitario de 227.85 pesos por aspirante.

Apenas cinco días después —con un fin de semana de por medio—, el 7 de abril de 2025, el director general de Proveeduría y secretario técnico del Comité de Adquisiciones, Isidro Ávila Martínez, notificó mediante el oficio DGPR/357/2025 que la solicitud había sido declarada procedente.

La autorización se sustentó en la fracción VIII del punto 4.6 de la Normatividad en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UNAM, que contempla excepciones a la licitación pública para determinados servicios especializados relacionados con información confidencial.

Las capacidades con las que se justificó el contrato

Para respaldar la adjudicación directa, Ivonne Ramírez Wence no sólo solicitó la contratación del servicio, sino que en el propio expediente describió las capacidades técnicas que, de acuerdo con la DGAE, ofrecía la plataforma desarrollada por Territorium Life.

En el oficio sostuvo que la empresa era propietaria de una plataforma protegida por derechos de autor y propiedad intelectual,  capaz de detectar patrones anómalos y prevenir fraudes para garantizar la transparencia del proceso

Para sustentar la adjudicación directa, la DGAE argumentó que la elección de Territorium Life se basó en la experiencia previa del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en la aplicación de exámenes de ingreso en línea desde 2020.

Según la documentación, la DGAE destacó que la “madurez probada” del sistema se sustentaba en experiencias de instituciones como la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), así como dependencias gubernamentales de Costa Rica y Estados Unidos, además del IPN

Asimismo, señaló que la plataforma contaba con una gestión avanzada y segura de bancos de reactivos, una cadena de custodia diseñada para preservar la integridad y confidencialidad de los exámenes, monitoreo en tiempo real del desarrollo de las evaluaciones, tableros de control para dar seguimiento a incidencias y reportes especializados sobre el desempeño de la aplicación.

En otras palabras, la solicitud de adjudicación directa no sólo planteó la necesidad de contratar una plataforma tecnológica; también sostuvo que esa herramienta era capaz de detectar anomalías, prevenir fraudes, preservar la integridad de los reactivos y monitorear en tiempo real el desarrollo de los exámenes.

Del contrato a la crisis

La contratación fue autorizada para los procesos de ingreso de 2025. Posteriormente, la Universidad amplió el uso de la plataforma para el concurso de ingreso a licenciatura correspondiente al ciclo escolar 2026-2027, en el que estalló la crisis

Tras la publicación de resultados, del concurso de licenciatura, especialistas detectaron un comportamiento atípico en la distribución de las calificaciones, con un incremento sin precedentes en el número de aspirantes que obtuvieron puntajes superiores a los observados históricamente.

Ante ello, la Rectoría suspendió la asignación definitiva de lugares para alrededor de 58 mil aspirantes y determinó  la aplicación de un examen presencial de control, mientras una Comisión Técnica sigue con las investigaciones sobre lo ocurrido

La  Comisión ha reconocido que aún no cuenta con elementos concluyentes para determinar el origen de las anomalías detectadas.

Las preguntas que deja el expediente

Hoy, los documentos con los que la DGAE justificó la adjudicación directa adquieren una relevancia distinta.

El expediente muestra que la contratación se sustentó, entre otros argumentos, en las capacidades que la propia Dirección General de Administración Escolar atribuyó por escrito a la plataforma de Territorium.

A la luz de las irregularidades que llevaron a la UNAM a ordenar la repetición parcial del concurso de licenciatura, ese expediente abre nuevas interrogantes sobre el funcionamiento de esos mecanismos, el desempeño de la plataforma durante la aplicación del examen y los criterios técnicos con los que la Universidad resolvió, en un lapso de cinco días, la contratación de un servicio cuyo monto podía alcanzar 85.7 millones de pesos.

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Con información de Excélsior